Fecha: 22 de octubre, 2020
Por Mariano Sardáns, CEO de FDI
La intempestiva medida fiscal del gobierno argentino a finales del 2019 de incrementar la alícuota del impuesto a los Bienes Personales y el ahora nuevo “aporte solidario” a las grandes fortunas están provocando un cambio abrupto en la mentalidad de muchos empresarios o personas con patrimonios considerables respecto de la decisión de mantener activos fijos o bienes en Argentina. Específicamente me refiero a quienes tienen inmuebles o empresas en Argentina, cuyas valuaciones están ineludiblemente alcanzadas por ambos impuestos.
Una costumbre muy arraigada en los latinos que hasta ahora era muy común entre los argentinos es la de adquirir inmuebles en su país, inclusive en el que está situada la sede de la empresa familiar. Esta decisión fue siempre tomada bajo el pre-concepto erróneo de que los inmuebles son una inversión en dólares y que su valuación es, como mínimo, estable. Sin embargo, varios estudios demuestran que, aunque coticen en dólares, sus precios siguen una dinámica en la moneda en la que se construyen (pesos) pero ajustadas por inflación (o índice CAC). Y el mito de que es una inversión estable se cayó hace varios meses cuando los propietarios empezaron a querer vender al precio que les dijeron o les hicieron creer que valían sus inmuebles, pero no encontraron compradores que los convalidaran.
La costumbre de adquirir el inmueble desde el cual opera la empresa era vista mayormente como un ahorro para la compañía o como un ingreso extra que esta le paga al propietario/accionista. Nuestra experiencia nos muestra que, en la mayoría de los casos, esa costumbre termina conspirando contra la búsqueda constante de la eficiencia financiera y fiscal a la que debería tender toda empresa respecto de tener la menor superficie de uso posible y pagar el menor precio por metro cuadrado, además de disminuir la carga tributaria. Encima, financieramente termina siendo dinero “enterrado” en un activo ilíquido y al “acecho” de cualquier contingencia o ataque de terceros que pudiesen enfrentar la empresa.
Por otro lado, están los empresarios que exportan y que hoy se ven cooptados o se sienten rehenes de una política cambiaría que los está llevando a una muerte súbita o, por lo menos, que no les permite recibir lo que realmente vale su esfuerzo (sus divisas) ya que, como todos sabemos, la cotización del dólar oficial no es la real. Desde hace meses hay una conciencia cada día más generalizada de internacionalizar toda o parte de la empresa (la unidad de negocios que exporta). Muchos lo vienen haciendo informalmente o en negro, creándose futuras contingencias de índole tributario y cambiado, mientras otros lo hacen siguiendo una correcta y ordenada planificación fiscal internacional que les permite lograr lo mismo que los primeros (dejar sus dólares en el exterior y exentos de impuestos), pero respetando la normativa vigente y, por lo tanto, libre de futuras contingencias.
Quien tiene bienes en el exterior, que puede ser una cuenta bancaria con activos financieros, inmuebles a nombre propio o a través de una empresa extranjera, así como también participaciones societarias en una o varias empresas operativas (las anteriormente situadas en Argentina), tiene a disposición una variada gama de alternativas para reducir su exposición fiscal en el país. Hablo concretamente de vehículos legales que permiten disminuir, y hasta anular, el impacto tanto del impuesto a las Ganancias como del impuesto a los Bienes Personales. Uno de ellos es el fideicomiso -o trust- irrevocable, el cual, correctamente estructurado como exige la normativa vigente, permite la exención de uno o ambos impuestos anteriormente descriptos por los bienes que se incorporan a este. En definitiva, una solución que, si está bien explicada respecto de las varias alternativas que hay para estructurarlo “puertas adentro”, es casi absurdo que alguien no lo tome como una opción a considerar. De ahí que ya son muchos los contribuyentes que los han estructurado.
El gobierno argentino con su mayor presión fiscal está encontrando una reacción igual y contraria de parte de contribuyentes que sienten vulnerados sus principios constitucionales. Algunos están optando por migrar, con todo lo que esto significa. Otros se quedan en el país pero aplican “ingeniería” legal y tributaria como estrategia de autodefensa.
Fuente: Forbes