Fecha: 30 de agosto, 2020
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Aumentar la presión tributaria haría que se destinen menos pesos al consumo. Y los más pudientes buscarían recovecos legales para no pagar. Para los especialistas tributarios hay margen legal para avanzar con la suba de la alícuota de Ganancias del 35 al 41%, tal como pretende hacer el Gobierno según informó Clarín ayer. Sin embargo advierten que aumentar la presión tributaria tendría un efecto contraproducente sobre la recaudación : encarecer los impuestos le restaría combustible al consumo y, a la vez, más más contribuyentes buscarían resquicios legales para no pagar.
“Si esto se concreta va a provocar un efecto igual al del cepo cambiario “, anticipa Mariano Sardáns, CEO de FDI. “Pese a las restricciones la gente busca formas de seguir comprando dólares sin violar la norma. Pasa lo mismo con los impuestos: a esa tasa mucha más gente va a recurrir a especialistas para buscar exenciones o diferimientos. Lo que hasta ahora era una cosa para muy pocos, se empieza a masificar. Algunos lo harán aprovechando estos resquicios y otros lo harán a lo bruto: empezarán a trabajar en negro”, señala.
Los expertos admiten que la suba sería legal. Gabriel Hermida, socio de Impuestos de la consultora Auren, indica que de acuerdo al artículo 75 de la Constitución el Congreso puede establecer nuevos impuestos. Pero advierte que “hay otros requisitos constitucionales que hay que tener en cuenta para subir la alícuota, como la razonabilidad”.
“Si hoy tenemos 35% de alícuota para las personas físicas y lo queremos subir al 41%, estamos cazando en el zoológico y la presión tributaria conjuntan se torna irrazonable teniendo en cuenta lo que se paga por Ganancias, Bienes Personales, aportes y contribuciones a la Seguridad Social, más impuestos provinciales y municipales”, dice Hermida.
“En principio no es inconstitucional. Habrá que esperar a ver el modo en que se realizan esas modificaciones”, apunta Cecilia Martín, socia del Area Tributaria del estudio Nicholson y Cano. Según detalla, la modificación sería cuestionable si, por ejemplo, ” no fuera dispuesta por ley y lo hiciera el Poder Ejecutivo o si se violara el derecho de propiedad y garantía de razonabilidad, tornando al impuesto en confiscatorio”.
“Para las personas físicas, de confirmarse que también se modificarían las tasas progresivas, implicará en los hechos tener menos dinero en el bolsillo para gastar, desincentivando -entre otros aspectos- el consumo interno”, señala Martín. “Lo hemos visto durante estos meses de pandemia. Con la economía parada y la mayor presión tributaria, las deudas impositivas se verán cada vez mas incrementadas.
En la misma linea, desde la firma de asesoramiento fiscal SMS, Leonel Zanoto sostiene que con respecto a la legalidad “la discusión se podría centrar en un planteo de confiscatoriedad. Ese planteo prosperará o no dependiendo de las particulares condiciones de cada individuo: si llega o no a la escala máxima y cómo repercute el impuesto sobre el total de sus ingresos”.
Zanoto sostiene que “Argentina es un país con una altísima presión tributaria. En ese marco una suba de impuestos, dependiendo de cómo se aplique, puede generar dificultades en el cumplimiento”.
Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal, detalla que hoy las empresas pagan una tasa de Ganancias del 30%, a lo que se suman otros cinco puntos cuando se distribuyen los dividendos. “Es un incentivo para reinvertir utilidades. Y la tasa está en el orden de lo que aplican en los países de la región”.
Si la tasa va a 41%, La Vista destaca que estaríamos fuera de los estándares internacionales. “Sería una situación similar a la del último gobierno de Cristina Kirchner, cuando la tasa para las empresas era de 35% pero subía al 41% si se distribuían utilidades”.
“Si la tasa fuera del 41% para las personas humanas, ya no estaríamos tan lejos del mundo, sería comparable a lo que rige en Europa o Estados Unidos. El tema es que acá la tasa máxima se aplica a la clase media alta, cuando en esos países llega a los sectores más ricos”, precisa La Vista.
También pone el foco sobre el “efecto combinado” de varios impuestos: Ganancias, más IVA al 21%, más la tasa al patrimonio que llega al 2,25%. “Es una estructura que debiera discutirse, porque los tres impuestos los paga la misma persona”, dice La Vista. “Hay que discutir si eso cumple con lo que establece la Constitución para fijar un impuesto: que sea justo, equitativo y razonable
Fuente: Clarín