Muy alejados de aquellos brotes verdes (que nunca llegaron) que se esperaban para la segunda mitad del primer año de gobierno de Mauricio Macri, este semestre del segundo año de gestión del presidente Alberto Fernández plantea enormes desafíos.

Concentrados en la interna para el diseño de las listas que se presentarán en la elección de medio término, la acción oficial deberá plantearse sobre los ejes que más le preocupan a la gente y que así reflejan las encuestas de consultoras, amigas y no tanto: la situación económica.

La mayoría de las respuestas coinciden en que la economía de la Argentina y la propia, la que se vive en cada hogar, estarán peor en los próximos meses, por lo que “Optimismo” parece ser la materia que queda pendiente para el 2022.

La proyección de la pauta de inflación del 29% original presentada por el ministro de economía Martín Guzmán en el Presupuesto 2021 quedó ya desactualizada. El resultado se habrá alcanzado a mediados del tercer trimestre, previo a las PASO. En tanto que los salarios siguen perdiendo poder de compra con paritarias que le creyeron al pronóstico oficial, y ya en estos tiempos los sindicatos empiezan a renegociar o como mínimo a solicitar la reapertura con la excusa de la cláusula gatillo.

Pero nuevamente el gran desafío macroeconómico queda en manos de Guzmán y en su equipo de la Secretaría de Finanzas. Con fuertes vencimientos para esta segunda mitad del año, el equipo económico exhibe buenos resultados en el año y medio de gestión al reestructurar la deuda privada en dólares con tenedores locales y externos y rollear buena parte de los compromisos en pesos, siempre apuntando al objetivo de alcanzar una estructura de deuda más sostenible.

Pendiente está aún un acuerdo con el FMI, para renegociar el préstamo de US$ 45.000 millones obtenido durante el gobierno de Macri, y el Club de París, organismo con el que se logró una postergación del vencimiento de junio.

En el mercado doméstico, la cintura de Economía volverá a ponerse a prueba en esta segunda mitad del año con vencimientos por $ 1,7 billones de deuda local más la externa con distintos organismos multilaterales. “El total de vencimientos es de US$ 23.611 millones, de los cuales US$ 17.461 millones son en pesos (una parte en poder del sector público) y US$ 1.172 millones tienen refinanciación automática con los organismos internacionales”, precisa Soledad Tortarolo, gerente de Research Renta Fija de Allaria, Ledesma y Cía.

Tortarolo detalla que los vencimientos relevantes “son aquellos en dólares a privados y organismos sin financiamiento automático (Club de París y FMI), que estimamos en US$ 4.978 millones en el segundo semestre del año, de los cuales US$ 4.575 millones son con el FMI. Y si bien el ingreso de DEG pagaría prácticamente todos los vencimientos, podría acelerarse la negociación para patear los vencimientos de capital con el FMI y así usar los DEG con otros destinos”.

A modo de resumen, en el primer semestre la Secretaría de Finanzas obtuvo un financiamiento neto por $ 356.000 millones, un nivel cercano a lo que obtuvo en todo 2020, que fue de $ 386.700 millones. Así en la primera mitad del año se logró un roll-over del 125% para el primer semestre de 2021.

Los compromisos en pesos del segundo semestre están concentrados mayoritariamente en el tercer trimestre, o sea, con las PASO de escenario. En julio vencen títulos por unos $ 280.000 millones; agosto presenta un desafío mayor, de cerca de $ 510.000 millones, mientras que septiembre presenta un escenario de $ 380.000 millones.

En agosto tendrá un importante peso el vencimiento del Bono del Tesoro (TX21), y para alivianar la carga de este compromiso Economía acudirá a un instrumento que ya le ha funcionado en oportunidades anteriores, un canje de deuda que le aliviane parcial o totalmente, en el mejor de los casos, el peso de la deuda.

Para dicho objetivo, algunos analistas coinciden en que se deberá apelar una mejora en las tasas. De hecho, un llamado de atención fue la última licitación de junio que, más allá de su buen resultado, obtuvo menos de lo esperado.

Otros no creen que vaya a ser necesario apelar a una mejora de tasas. Es el caso de Santiago López Alfaro, presidente de Patente Valores, quien basa su pronóstico en el buen clima internacional: “Nunca fuimos apocalípticos en nuestros análisis porque con un contexto internacional positivo como el actual, con el precio de los commodities en los valores alcanzados, a la Argentina siempre le ha ido bien; en cambio, si el entorno externo es negativo, a la Argentina le va mal, más allá del partido político que esté gobernando”.

En síntesis, un canje más el excedente de las licitaciones del primer semestre bajarán la tensión de los vencimientos por casi $ 800.000 millones de julio y agosto.

Por otra parte, las previsiones indican que es probable que las transferencias efectivas del Tesoro sean menores a lo presupuestado si la capacidad de colocación de deuda se mantiene alta. “En el presupuesto se estimó que la asistencia financiera al Tesoro desde el Banco Central alcanzaría los $ 1,2 billones. De esta manera, en el segundo semestre podrían utilizarse hasta $ 865.000 millones, que representan un promedio de $ 144.000 millones mensuales”, indican desde la consultora Delphos Investment.

En este escenario, Finanzas realizará durante estos primeros tres meses del segundo semestre nueve licitaciones que apelarán a bajar la tensión y patear hacia adelante la deuda bajo la bandera de la sostenibilidad.

De hecho, Economía anunció que estos llamados tienen por objeto “brindar mayor previsibilidad, seguir profundizando el desarrollo del mercado local y continuar con la agenda de normalización para el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos de corto y mediano plazo”.

Así, la deuda local se mueve en una especie de microclima donde los funcionarios diseñan su estrategia con un molde que calce en el traje a medida de los inversores institucionales, privados y estatales, que participan de las licitaciones y que juegan con el ruido externo de un MSCI que le bajó la categoría al mercado, y una cordialmente dialogada pero difícil (dado el monto en cuestión) negociación con el FMI y el Club de París que amplió el plazo a marzo del año próximo a cambio de pagos por US$ 400 millones en este período.

Respecto de los compromisos con el FMI, López Alfaro reconoce el trabajo de la renegociación de deuda lograda en 2020 que les restó peso a los primeros años, para tomar volumen recién a partir del 2023. Otros analistas advierten un escenario más complejo. “A partir del fuerte downgrade para la Argentina por parte de MSCI, será más difícil para las compañías locales llegar a interesados que les permitan conseguir dinero para sus inversiones. Incluso es probable que algunas no puedan renovar sus deudas y se terminen descapitalizando”, advierte Walter Morales, presidente de la consultora Wase Capital, quien asegura que para el sector público `el escenario es peor porque el mundo financiero nos mira como si estuviéramos en la puerta de un default. Sin ir más lejos, la deuda argentina a 10 años rinde 19,9% anual, mientras que el promedio de los standalone rinde 6% anual`.

“Para ser gráfico: Jamaica, Trinidad y Tobago, Bosnia, Malta, Líbano, Palestina, Botswana y Zimbabwe se pueden endeudar 1.400 puntos básicos por debajo de lo que lo haría la Argentina, si es que tuviéramos chances de hacer una colocación de deuda en los mercados internacionales. Porque este es el otro tema: los mercados están cerrados para la Argentina. Solo nos financian los acreedores locales y los organismos de créditos; en este caso, nos refinancian”, agrega Morales.

“Dentro de este escenario, llegar a un rápido acuerdo con el FMI va a ser clave. En Wise Capital creemos que la Carta de Intención se va a firmar en diciembre y que el acuerdo definitivo va a llegar hacia marzo o abril de 2022. Los vencimientos de este año con el FMI se pagarían US$ 600 millones con las reservas del BCRA y el resto con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que van a recibirse. Con esto, el grueso del problema financiero en moneda dura pasa para el año que viene, donde el principal acreedor es el FMI”.

En la misma línea se expresa Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, quien señaló al Gobierno de ejercer `represión cambiaria y financiera`. Explica: “La cambiaria es porque a muchos actores de la economía no les permiten dolarizarse, si no los penalizan ya sea por normativa o por comunicación del BCRA, entonces a los bancos y a los importadores no les queda otra que quedarse en pesos y son colocadores cautivos. La financiera es porque el BCRA mete un límite de tasa”. Y concluye: “Esto ya tiene graves consecuencias. Por un lado, la bola gigante de colocaciones que en algún momento tiene que reventar. De hecho, sí o sí van a tener que devaluar después de las elecciones para poder maquillar el balance del Central. Y por otro lado con tasas negativas pero favorables al Gobierno”.