Alberto Fernández asumió la Presidencia de Argentina en diciembre del año pasado con una mochila pesada que su predecesor Mauricio Macri no supo (o no pudo) desarmar a tiempo: una deuda pública gigante con una montaña de vencimientos en un período muy acotado de tiempo que hacía (y hace) extremadamente complejo el escenario económico para la vecina orilla.
Caer en default (no pagar la deuda externa) tiene consecuencias por demás dolorosas y costosas para los países desde todo punto de vista. Por ello fue que Argentina buscó desde el inicio replicar un canje similar al de Uruguay (con un éxito ejemplar) durante la última crisis del 2002. Pero la reputación argentina no es la uruguaya y los acreedores no le hicieron nada fácil esa tarea al ministro argentino de Economía Martín Guzmán. Hubo ultimatums, amenazas de
juicios, marchas y contramarchas durante estos meses de arduas negociaciones, hasta que finalmente el gobierno dio un poquito más de lo que había fijado en su última oferta y los principales tenedores de deuda del exterior lo aceptaron. Para lograr el entendimiento, Argentina adelantó las fechas de pago, se comprometió “a revisar” cláusulas legales y algunas amortizaciones de capital comenzaran antes. Este fue un primer paso (relevante) pero ahora la negociación deberá cerrarse con el FMI (un aliado en todo este proceso para el gobierno) y los acreedores locales para cerrar el círculo.
Cuando asumió Fernández suspendió la ejecución del último tramo de un programa por US$ 57.000 millones acordado con el FMI por Macri en 2018. Argentina recibió del organismo multilateral US$ 44.000 millones en asistencia financiera que deberá comenzar a reintegrar el año próximo. Asimismo también le resta reestructurar la deuda en dólares contraída bajo legislación local por unos U$S 41.700 millones, para la cual prometío un tratamiento equitativo al que dio a los bonos bajo legislación internacional. En total, la deuda pública argentina, ronda los U$S 324.000 millones, cerca de 90% del PIB.
Una golondrina no hace primavera
El panorama para el gobierno argentino está lejos de estar disipado. Cerca del 40% de la población argentina de casi 45 millones de habitantes vive en la pobreza. El desempleo alcanzó 10,4% en el primer trimestre, una cifra que se agrava por el confinamiento para combatir la pandemia. En los primeros cinco meses de 2020 la economía se contrajo 13,2% y el FMI proyecta una caída de 9,9% del PIB este año. La inflación es del 40% anual, menor al 53,8% de 2019, pero aún entre las más altas del mundo.
“El acuerdo entre el gobierno argentino y sus acreedores es una excelente noticia. De todos modos, tiene por delante desafíos de gran magnitud”, me comentó Alberto Landeira, de lafirma Puente Corredor de Bolsa, que tiene oficinas en ambos márgenes del Río de la Plata. El experto sostiene que la extensa cuarentena va a generar una caída del PIB que podría alcanzar el 12%. La falta de financiamiento externo empuja al gobierno a fondearse mediante emisión
monetaria, presionando la inflación y la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos como el blue, de referencia para el turismo.
“Por ello el gobierno tiene como desafíos por delante implementar reformas que permitan retomar el crecimiento económico. Ademas, deberá implementar un plan fiscal que le permita encauzar las cuentas públicas y reducir la emisión monetaria (dinero) como forma de financiar el déficit fiscal. Vale la pena destacar que el gobierno demostró pragmatismo al acordar con los acreedores, pero deberá enfrentar restricciones políticas para la implementación de las medidas necesarias en el futuro”, alertó Landeira. En cuanto al clima económico regional, el acuerdo es un paso en la dirección correcta y disuelve riesgos relevantes que tenía la economía ante una potencial ruptura de las negociaciones.
Una visión similar tiene Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, también con presencia en ambos países. El ejecutivo considera que será “muy difícil” que los inversores vuelvan a confiar en la Argentina en el corto plazo para prestarle plata porque saben que es una “trampa”, o que la inversión extranjera repunte. “Lo que viene para adelante es volver a remontar credibilidad y confianza y eso no se hace de un día para el otro”, resumió.
Relevante para la inversión, el turismo y las exportaciones de bienes
Con una Argentina en default, imaginar a cuánto podría salar el tipo de cambio para los casi 2 millones de turistas argentinos que cada año cruzan el charco sería hacer futurología, pero seguro que no les sería nada barato. Una más que factible devaluación argentina abarataría sus exportaciones en mercados donde compite con Uruguay para la colocación de granos, carnes o lácteos, por citar algunos de los más relevantes.
Todo esto mientras Argentina todavía sigue remando con una cuarentena eterna, buscando contener el avance de la pandemia. Si el virus no se controla, parece complejo esperar que nuestro vecino reabra sus fronteras para el turismo emisivo. Los operadores turísticos uruguayos cruzan los dedos para que cuando lleguen los primeros días de calorcito esa barrera sanitaria no esté vigente. Así me lo transmitieron hace algunas semanas atrás en otra entrega de Rincón y Misiones.
La brecha cambiaria mostró una reducción moderada en las últimas jornadas. El dólar oficial está a poco más de 70 pesos argentinos y el blue (informal) a 130. En los niveles actuales, Argentina todavía está muy “barata” para los uruguayos. Ante una eventual apertura de fronteras, el comercio de frontera sufriría intensamente el impacto, mientras que el gasto de los uruguayos en Argentina se incrementaría. Asimismo, la brecha cambiaria encarece a Uruguay como destino turístico para los argentinos.
“La incipiente reducción en la brecha, si se profundiza en las próximas semanas, representaría una buena noticia para la actividad económica local y la recaudación de impuestos asociada. Una reducción en la brecha contrae la diferencia de precios entre Argentina y Uruguay”, explicaron desde Puente.
Por otro lado, pese a todos sus problemas, Argentina continúa siendo un motor clave para la inversión extranjera directa que recibe Uruguay cada año, como te muestro en este gráfico más abajo. En los últimos meses, los promotores privados de la construcción uruguayos y operadores inmobiliarios han destacado la avidez que tienen los argentinos por seguir invirtiendo en el país, ahora fogoneados con los cambios legales e impositivos que promovió el gobierno de Luis Lacalle.
Precisamente, Sardans dice que Uruguay “no puede dormirse en los laureles” para seguir machacando sobre los argentinos porque Paraguay se está “moviendo fuerte” con varios de sus ministros “vendiendo” su país para captar inversión argentina. El CEO de FDI asegura que son muchas las empresas argentinas que están explorando países de la región para instalar total o parcialmente sus unidades de negocios en los próximos meses.
En el caso del comercio exterior, las ventas de bienes de Uruguay a Argentina en enero-julio sumaron US$ 138 millones y se desplomaron 24% respecto a igual período del año pasado, mientras que Uruguay le hizo compras por US$ 532 millones, apenas 1% por debajo de 2019, según datos de Uruguay XXI.
Si Argentina logra hacer algunos de sus deberes (incluido la contención del covid-19) seguramente comenzará a transitar una recuperación, pero todo hace prever será lenta porque el porrazo del 2020 será duro, tiene un déficit fiscal galopante y un inación fuera de control.
Para Uruguay, que busca salir del pozo del covid-19 en este trimestre en curso, un poco de calma en el mercado argentino y su moneda no le viene mal.
Fuente: El Observador de Uruguay
