Rodríguez Larreta envió la iniciativa a la Legislatura; habrá también una amplia moratoria para deudas impositivas locales

Al gobierno de la ciudad de Buenos Aires adherirá al blanqueo nacional y lanzará una amplia moratoria para todos los impuestos locales, con un plan de pagos de hasta 90 cuotas.

Así lo indica el texto enviado por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura porteña, que se tratará el 8 de septiembre en el recinto. Se prevé la adhesión a la ley nacional 27.260, de sinceramiento fiscal y de regularización excepcional de obligaciones tributarias.

En el primer caso, el primer artículo manifiesta la adhesión al blanqueo nacional y el segundo indica que “quedan liberados del pago de todo tributo omitido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los bienes exteriorizados bajo el régimen señalado en el artículo anterior, sin perjuicio de las facultades de verificación y/o fiscalización establecidas en el Código Fiscal a favor de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)”.

En el caso de la moratoria dispone un plan de pagos para patentes, ABL, Ingresos Brutos y Sellos. “Los contribuyentes y/o responsables de los tributos cuya aplicación y/o percepción y/o fiscalización se encuentra a cargo de AGIP podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas a dicha fecha, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones”, se detalla. Se cobrará una tasa de interés mensual de 1,5% a los pequeños contribuyentes y de 1,8% a los grandes contribuyentes.

El artículo 7 dispone que “el acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme y/o acuerdo de avenimiento homologado”.

Además, se expresa que “la cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal” si no hubiera sentencia firme.

El plan podrá pagarse al contado, con una reducción del 15% sobre el importe total de intereses o por medio de “alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la AGIP”, con un pago a cuenta del 5% para los pequeños y un 15% para los grandes contribuyentes, más las 90 cuotas antes mencionadas.

Además, el sistema permitirá reformular los planes de facilidades de pago que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley porteña de adhesión al blanqueo, “excluidos aquellos planes de pagos vigentes que hayan importado condonación de intereses y/o multas”.

Por otro lado, se excluye a los contribuyentes declarados en quiebra, los condenados por delitos tributarios con condena firme y los condenados por delitos comunes contra la administración central, organismos descentralizados o entidades autárquicas del gobierno porteño.

Se estima que la adhesión de los fiscos provinciales facilitará el ingreso de los contribuyentes al blanqueo nacional, al sumar beneficios por los impuestos locales.

Por esta razón, también se sumarán la provincia de Buenos Aires -que enviará el proyecto a la Legislatura bonaerense la semana próxima- y las de Córdoba y Jujuy. Posiblemente también Mendoza y Tucumán, entre otras.

Respecto del blanqueo nacional, Mariano Sardans, de FDI, indicó una de las limitaciones que, más allá de la adhesión de las provincias, seguirá vigente: “las personas que quieran blanquear los dólares que conservan en una caja de seguridad o en el colchón, se encontrarán con limitaciones cuando quieran hacer uso de los mismos, porque el artículo 44 de la reglamentación expresa que el dinero depositado deberá quedar inmovilizado seis meses, a menos que el mismo sea utilizado para adquirir bienes muebles o inmuebles”.

Así, subrayó Sardans, “se deduce que se discrimina a quienes han decidido dejar su dinero en la Argentina, dado que les impide adquirir lo que para la gente es, sin dudas, la mejor inversión del momento, que son los bonos argentinos”.