La resolución 6/2022 de la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció que los agentes bursátiles y entidades financieras podrán pedirle las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales a sus clientes antes de realizar algún tipo de operación en el mercado de capitales.

Como una de las que más se hacen son las de dólar Bolsa, tanto MEP como contado con liquidación, para mandar divisas al exterior, en el mercado interpretan que es una forma de amedrentar al ahorrista para que desista de comprar dólares.

En sus considerandos, la UIF, a cargo de Juan Carlos Otero, argumenta que, al no pedir las declaraciones juradas, se incrementaron los riesgos de lavado, “en tanto habilitaba a contribuyentes a declarar activos previamente ocultos, que previamente se encontraban fuera del sistema financiero formal, sean depositados o transferidos a entidades financieras argentinas”.

Resalta que la recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) determina que cuando los riesgos de lavado sean mayores, debe exigirse a las instituciones financieras que incrementen el grado y naturaleza del monitoreo de la relación comercial, a fin de determinar si esas transacciones o actividades parecen inusuales o sospechosas.

Más trabas y controles

“La idea es obstaculizar, entorpecer y psicopatear a todo aquel ahorrista que quiera compran dólares a través de la Bolsa, ya sea en el MEP o en el CCL”, advierte Mariano Sardáns, CEO de FDI.

Podrán pedirle las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales a sus clientes antes de realizar algún tipo de operación en el mercado de capitales.

Para Iván Sasovsky, socio fundador y CEO de Expansion, la norma de la UIF busca endurecer los controles en materia de prevención de lavado de activos que habían sido modificados en su momento para incentivar el ingreso en el sinceramiento fiscal lanzado en la presidencia de Macri.

Información

A partir de ahora, los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de dinero (bancos, financieras, abogados, contadores, entre otros) podrán solicitar información extra para armar un perfil de riesgo de sus clientes.

La norma de la UIF busca endurecer los controles en materia de prevención de lavado de activos que habían sido modificados en su momento para incentivar el ingreso en el sinceramiento fiscal lanzado en la presidencia de Macri.

Por cierto, no es la única medida en esa dirección: a la resolución de la UIF ahora se les suman los nuevos controles establecidos por la reciente Resolución General de la AFIP 5135, que funciona en tándem con la Comunicación “A” 7433 del Banco Central.

De esta manera, desde el 7 de enero, se creó el Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES), a partir del cual se analiza el cumplimiento de los deberes fiscales y la capacidad económica financiera del contribuyente que pretenda realizar un pago al exterior por los servicios que le prestaron desde el exterior.

Los controles de cumplimiento salen de la AFIP y la capacidad económica la determinan las entidades financieras y las que administran fondos de inversión y los que intervienen en el mercado de valores.

La AFIP implementó el “Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios” (SIMPES), que se aplica a las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas, que deban realizar pagos al exterior por cuenta propia o de terceros o actúen como ordenantes del pago, para cancelar obligaciones propias o de terceros.

En el micrositio denominado “Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES)”, que funciona en sitio Web de la AFIP se publica la nómina de los códigos de operaciones y los montos mínimos a los que no les resultará de aplicación este nuevo control.

La información ingresada al sistema tendrá vigencia de un mes y al funcionar como una declaración jurada, el contribuyente previamente tiene que dar el consentimiento para que la misma pueda sea remitida al Banco Central.

Quiénes deben cumplir con la medida

Las sociedades, empresas, fideicomisos, condominios, asociaciones o entidades de cualquier clase, constituidos en el país. Los establecimientos organizados en forma de empresas estables domiciliados o ubicados en el país, pertenecientes a personas de existencia humana o jurídica del exterior.

Los que realizan la operación de cambio para pagos al exterior de servicios. Se encuentran contemplados los sujetos sobre los cuales recae la obligación contractual del pago (según el contrato, factura o documento equivalente) y los que resulten responsables de realizar el pago (gerente, director, tesorero o similares).

El que ordene el pago al exterior aunque no sea el sujeto obligado según conste en el contrato, factura o documento equivalente que justifique el pago al exterior ni sea el sujeto responsable de realizarlo (gerente, director, tesorero o similares). Se encuentran contemplados los apoderados, representantes, autorizados y, en general, cualquier persona que ordene la operación de pago bajo cualquier título o personería.

Qué analiza la AFIP

1. La situación que tiene el contribuyente, a partir de la información disponible en sus registros.

En el caso que se verifiquen incumplimientos o irregularidades formales se solicitará su subsanación, a efectos de avanzar en la generación de la declaración SIMPES.

2. La capacidad económica financiera del contribuyente mediante el “Sistema de Capacidad Económica Financiera”. Si el pedido no pasa el control, el contribuyente podrá solicitar un reproceso o manifestar su disconformidad. Esta información surge de lo que dispuso la AFIP, en el año 2018, por medio de la Resolución 4298.

Qué tienen que informar, mensualmente, las entidades financieras

a) Las altas, bajas y modificaciones que se produzcan dentro de cada mes calendario, respecto de la nómina de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo o de la seguridad social y cuentas especiales, así como cualquier otro tipo de cuenta que el Banco Central establezca en el futuro, constituidas en sus casas matrices, filiales y sucursales, ubicadas en el país.

b) El monto total acumulado de las acreditaciones mensuales cuando el mismo resulte igual o superior a $ 30.000.

c) El monto total acumulado de las extracciones mensuales en efectivo, cuando el mismo resulte igual o superior $ 30.000.

d) Los saldos de las cuenta al último día hábil del período mensual informado, resulten iguales o superiores en el mes a $ 30.000.

e) El monto total acumulado de los depósitos a plazo constituidos en el período mensual de información, cuando el mismo resulte igual o superior a $ 30.000.

f) Los consumos con tarjetas de débito del titular y/o adicionales -excluyendo los montos de extracciones en efectivo y cualquier otro monto que no implique consumo- en el país, cuando los montos acumulados sean iguales o superiores a $ 10.000 mensuales.

g) Los consumos con tarjetas de débito en el exterior, realizados por el titular y/o adicionales.

h) Las cobranzas de cheques por honorarios profesionales emitidos por juzgados u organismos del Poder Judicial, ya sea que se cobren mediante la acreditación en cuenta, transferencia bancaria o en efectivo por ventanilla.

Información que tienen que brindar los agentes que administran fondos de inversión

Los agentes de liquidación y compensación registrados en la Comisión Nacional de Valores y las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión, deben cumplir con el régimen de información mensual sobre las operaciones que se indican a continuación:

a) Las compras y ventas de títulos valores públicos o privados negociados en el país, y las suscripciones y rescates de cuotapartes de fondos comunes de inversión, que efectúen por cuenta propia o de terceros.

b) Las operaciones de pase y/o caución en las que intervengan.

c) Los movimientos de fondos entre los agentes de liquidación y compensación y sus comitentes registrados en la Comisión Nacional de Valores, o entre las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión y sus cuotapartistas, ya sea que se realicen en efectivo, cheque o transferencia bancaria.

En estos casos, la información que se brinda es el resumen de las operaciones, de compras y ventas, efectuadas con los montos de cada una de ellas. Asimismo, hay que brindar los datos personales del titular (CUIL; CUIT; nombre y apellido; denominación; domicilio; etc.) en el caso que sea una persona humana y los datos de la empresa, si corresponde a una persona jurídica.

Régimen para entidades que intervienen en el mercado de valores

La Caja de Valores S.A. debe informar la totalidad de los saldos existentes en custodia al 31 de diciembre de cada año calendario, referidos a los títulos valores, detallándose tipo y especie y los datos personales de los inversores.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires debe informar para la totalidad de los títulos valores autorizados los datos de los inversores y el tipo de especie del título, cono la cotización al 31 de diciembre.

La Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión informa el valor de cuotaparte de la totalidad de los fondos comunes de inversión aprobados por la Comisión Nacional de Valores, al 31 de diciembre de cada año, aportando el tipo de fondo, el valor de la cuotaparte y los datos de las personas y empresas que intervinieron, junto con el valor de cotización que tenía al 31 de diciembre.

Qué dispuso el Banco Central

Ahora el Banco Central, a través de la Comunicación A 7433, exige que las entidades financieras verifiquen que el cliente tenga aprobada la declaración jurada (SIMPES), tramitada ante la AFIP. En caso de tratarse de cartas de crédito o letras avaladas emitidas u otorgadas, a partir del 7 de enero de este año, la entidad deberá contar con documentación que demuestre que, al momento de la apertura o emisión por parte de la entidad, el cliente contaba con la declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) en estado de aprobada

Fuente: Iprofesional

Fuente: Economía Virtual

Al momento de abrir una cuenta en el extranjero, es importante tener en cuenta dos principales recomendaciones.

Latinoamérica es una de las regiones del mundo que más conflictos políticos y económicos ha tenido a lo largo de los últimos años. Países como Argentina, Chile y Perú, entre otros, se han visto envueltos en una gran inestabilidad que ha obligado a sus ciudadanos a resguardar sus patrimonios en el exterior.

En esta línea, hay una norma que estipula que toda entidad financiera debe tener un Oficial de Cumplimiento (OC), que es quien se encarga de exigir información y documentación de respaldo cada vez que se quiera abrir una cuenta o justificar ingresos y egresos de la misma.

Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, sostiene que, al momento de abrir una cuenta en el extranjero, es importante tener en cuenta dos principales recomendaciones.

No ocultes información

Es fundamental brindar toda la información que se requiera sobre la persona titular de la cuenta. No olvidar dar todos los datos tal cual son, sin ocultar nada. Este punto no tiene que ver con el “control fiscal”, sino que se busca verificar si existe o no, alguna relación con delitos complejos.

Detalla los movimientos de la cuenta

Del mismo modo, describir con exactitud los movimientos entrantes y salientes que va a tener la cuenta es otro factor muy importante. Delles como los montos, conceptos, orígenes y destinos (países, si son clientes, familiares, proveedores, amigos, etc.) deben ser tomados en cuenta.

Si una vez abierta se observa que el patrón de los movimientos va a cambiar, es importante anticiparse e informar debidamente para evitar dudas de los OC.

¿Y si ya abrí mi cuenta?

Si tu cuenta ya se encuentra abierta y quieres mantenerla activa para evitar cierres abruptos, Sardáns recomienda tener una realidad económica (concepto, monto y periodicidad) para todo movimiento y la documentación respaldatoria que puede ser exigible en cualquier momento.

“Por ejemplo: una donación debe tener un acta; un préstamo debe tener un contrato; una compra-venta de inmuebles debe tener una escritura o un boleto si se tratara de un anticipo; el cobro a un cliente tiene que tener una factura. Hay que anticipar e informar correctamente a la entidad financiera el movimiento y poner a disposición toda la documentación que lo justifique”, señaló el especialista.

Fuente: Infomercado Perú

El impuesto a la herencia se aplica en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, y uno de sus objetivos es evitar la concentración de la riqueza, porque para pagar el tributo generalmente es necesario vender parte del legado. Pero en Argentina lo bajo de los mínimos imponibles provocan la venta de una gran parte de lo heredado y el efecto es el contrario: gente con disponibilidad para hacerlo compra esos bienes y concentra riqueza en otras manos.

En Buenos Aires, que va a ser el modelo para el resto de las jurisdicciones, está gravado quien recibe bienes de modo gratuito teniendo domicilio real en la Provincia o quien, domiciliado en otra jurisdicción, reciba bienes radicados o ubicados en la provincia.

Y el mínimo para tener que pagar el impuesto a la herencia está tan desactualizado, que prácticamente se paga siempre:

• Mínimo genérico para cualquier transmisión gratuita $322.800.

• Cuando se trate de padres, hijos y cónyuge: $1.344.000.

Además, las personas ricas tienen posibilidad de pagar a expertos que estructuran fideicomisos en el exterior u otras estructuras que les permiten minimizar el pago del impuesto a la herencia.

Quién se queda con la herencia

“Uno de los objetivos de los impuestos sucesorios suele ser la fragmentación de los patrimonios, también visto como la lucha contra las grandes concentraciones de riqueza, especialmente inmobiliarias y empresarias”, indicó Martín Caranta, de Lisicki, Litvin & Asoc.

“Una vez que el gravamen percute en los sujetos alcanzados, y ante el enorme peso del mismo, éstos se ven obligados a vender parte de una empresa, sociedad o algunos inmuebles para hacerse de fondos líquidos y poder pagarlo”, explicó.

“En las empresas que cotizan en Bolsa, la venta suele ser fácil y a valores de mercado. El problema suele presentarse en las sociedades familiares o cerradas, donde no existe una valuación fácil ni rápida, y el gravamen puede llevar a malvender las acciones para hacer frente al pago del mismo o bien a su disolución y liquidación”, agregó.

En el caso de inmuebles, tanto urbanos como rurales, sucede algo similar: ante el enorme peso del gravamen, resulta necesaria la venta de parte de uno o varios inmuebles del acervo hereditario, precisó.

“Ante las dificultades señaladas, muchas veces el efecto que se produce es el contrario al deseado: algunos oportunistas aprovechan para adquirir lo que otros necesitan vender y así se genera una mayor concentración de la riqueza”, enfatizó Caranta.

Los plazos agravan el problema

Mariano Ghirardotti, de Ghirardotti & Ghiradotti –  BOKS, puntualizó que el plazo para pagar el impuesto a la herencia de la provincia de Buenos Aires es el siguiente según los casos:

• Por actos entre vivos, como donaciones: hasta vencidos 15 días de producido el hecho imponible.

• Por causa de muerte: hasta los 15 días de la solicitud judicial de inscripción o entrega del bien transmitido, libramiento de fondos, o acto de similar naturaleza, o hasta transcurridos 24 meses desde el fallecimiento del causante, lo que ocurra con anterioridad.

“Esto indica, que los donatarios estarán en mora 15 días después de aceptar la donación, mientras que los herederos, independientemente de haber comenzado a tramitar la sucesión, cuando se cumplan 24 meses del fallecimiento estarán en mora, con elevados intereses, que son los que utiliza el Banco Provincia para operaciones de descuento”, comentó Ghirardotti.

“Y los beneficiarios con anterioridad a registrar los bienes inmuebles, deben afrontar el impuesto a la herencia, con lo cual tendrán que afrontar el costo con fondos propios y en ocasiones acceder a un préstamo para cancelar este gravamen, subrayó Sáenz Valiente, aunque agregó que existe un plan de hasta 6 cuotas siempre que no haya vencido la declaración jurada. El pago debe ser previo o simultáneo a todo acto de posesión de los bienes por parte de los herederos”.

“Así, muchas veces el impuesto se vuelve difícil de pagar, y se decide no seguir usando los bienes hasta tanto exista una necesidad inexorable de pagar, sabiendo que cada día que pasa es más inalcanzable la cifra en cuestión”, apuntó Ghirardotti.

“El impuesto a la herencia muchas veces impide la registración de los bienes a nombre de los sucesores, por el solo hecho de que, los mismos, no pueden afrontar el costo de dicho impuesto, y para hacerlo debieran liquidar los bienes, acto que les está vedado con relación a los bienes registrables ya que aún no son titulares de los mismos”, recordó.

“Es decir que es un impuesto que impide al fisco saber quién es el titular del inmueble, como así al resto de los actores de la economía a los que dicha información pudiera serle útil, ya que la gente termina no registrando al verdadero titular por los costos que ello representa”, afirmó Ghirardotti.

“Si a esos costos se le suma los costos de los honorarios y gastos por sucesión, el tributo se transforma en uno de muchos otros elementos que coadyuvan a no regularizar la propiedad de los bienes heredados”, remarcó.

“A pesar de los esfuerzos para cerrar todos los caminos de evasión, en frecuentes ocasiones no podrá evitarse esa maniobra ante la existencia de dinero, divisas, joyas, títulos al portador”, precisó, además, Sáenz Valiente.

La salida para ricos

“Pese al escenario amenazante, nada nos impide emplear las herramientas que el propio sistema legal y financiero, local e internacional, pone a nuestra disposición para no quedar expuestos a los efectos de este posible nuevo impuesto”, dijo Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI.

Sardáns se refirió así a soluciones como las siguientes, entre otras:

• Fideicomisos locales y del exterior, incluidos los trusts.
• Sociedades extranjeras.
• Fundaciones de interés privado.

“Facilita aún más las cosas contar con todos o la mayoría de los activos en el exterior, donde no existen sujetos obligados a retener el impuesto, que le impidan al beneficiario la recepción de un bien y menos aún, lo obligue al pago anticipado del propio impuesto”, advirtió.

“Los sujetos obligados que asegurarán el pago del impuesto en la Argentina serán las entidades financieras radicadas en el país, los representantes legales, albaceas y escribanos públicos intervinientes en transmisiones alcanzadas, que estarán obligados a asegurar el pago del tributo y retener, en su caso, las sumas necesarias”, consideró Sardáns.

Sin esta planificación, “es de altísima gravedad la afectación con el impuesto a la herencia de quienes reciben propiedades inmobiliarias. Esto implica una carga fiscal descomunal para los inmuebles en el exterior donde se valorizan a su valor de mercado”, afirmó Santiago Sáenz Valiente, socio fundador del estudio Sáenz Valiente & Asoc.

“Aunque este efecto está en parte atemperado por la brecha cambiaria entre el valor real de la moneda y su cotización oficial en Argentina en este momento”, añadió.

“La tasa aplicable siempre es progresiva que comienza en el 1,6% y llega a un 6,38% para los hijos, a lo que se agrega el mínimo no gravado continua en valores alejados de la realidad”, aseguró Sáenz Valiente.

Mirando a la provincia de Buenos Aires, se ve que no va a costar lo mismo donar o recibir bienes de un padre, hijo o cónyuge, que de un abuelo o nieto (estos últimos casos serán más caros). Y la alícuota del impuesto será mayor cuando la transferencia gratuita de bienes sea entre hermanos y aún mayor, cuando sea desde y hacia terceros (otros familiares, amigos y hasta una empresa u otras formas de personas jurídicas), sostuvo Sardáns.

Sáenz Valiente alertó sobre que los bienes ubicados en la provincia a nombre de sociedades o empresas en el exterior están gravados, pero reconoció que esto es de difícil administración para las autoridades tributarias locales, y “por lo general, se trata de recaudación perdida”.

Impuesto a la herencia vs Bienes Personales

“La historia impositiva argentina demuestra que existe una suerte de incompatibilidad entre el impuesto a la transmisión gratuita y el impuesto al patrimonio global de los individuos”, afirmó Caranta.

Ya existió un impuesto nacional a la transmisión gratuita de bienes, creado en 1951 y derogado y reemplazado en la década del ‘70 por impuestos que alcanzaban en forma global a los patrimonios netos individuales y al capital de las empresas. Así llegamos en nuestros días a Bienes Personales, y hasta hace poco tiempo, también existía el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, relató.

Los países que aplican impuestos a la herencia no tienen en su estructura tributaria impuestos globales al patrimonio, únicamente alcanzan al patrimonio con manifestaciones específicas como el inmobiliario y a la propiedad automotor, indicó.

“Esto no es casual. El impuesto a las ganancias es un impuesto a la renta que obtienen los beneficiarios, y también los impuestos al patrimonio global (neto o bruto, sin descontar las deudas, como es el caso de Bienes Personales, son impuestos a la renta potencial”, puntualizó, y agregó que, si ambos gravámenes coexisten, se dará la situación de gravar dos veces lo mismo”.

Por esto existe consenso, y así lo demuestra la historia de nuestros impuestos, que si ambas tipologías coexisten lo que está en riesgo es la supervivencia del capital”, aseguró, y enfatizó que “sin capital no será posible la existencia de nuevos emprendimientos, empresas y con ello empleo genuino y dignidad de los trabajadores y sus familias”.

Ghirardotti añadió que, “por lo general el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, es aplicado por países como Estados Unidos, que no aplican otras formas de imposición al patrimonio, de ese modo gravan la obtención de bienes a título gratuito por parte de sus ciudadanos, lo cual parecería lógico, pero esta situación no es extrapolable a Argentina, donde proliferan los impuestos patrimoniales, tanto los globales sobre el patrimonio, como los selectivos sobre el mismo”.

En Estados Unidos, el impuesto existe a nivel federal para patrimonios de más de u$s11,7 millones, y la tasa va desde el 18% al 40%. A nivel estadual, 16 estados tienen un impuesto análogo para valores de patrimonio más bajos. Existen otros países como el Reino Unido, Chile y Brasil donde también se aplica un tributo similar, pero tienen estructuras tributarias más sanas.

“Una vez más vamos a contramano del mundo, pues España redujo sensiblemente el impuesto en 2010 y periodos siguientes, incrementando los mínimos para el caso de cónyuge a Euros 500.000 y para los hijos a Euros 400.000″, puntualizó Sáenz Valiente.

¿En todas las provincias?

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes, está vigente exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, pues Entre Ríos ha derogado su normativa a causa del fallo de la Corte Suprema de Justicia local sobre el Colegio Público de Abogados de la provincia, indicó Sáenz Valiente.

“Si se diseminara este gravamen en varias o todas las provincias, sería irrefutable la necesidad de plantear pagos a cuenta cruzados en virtud de la ubicación física de los bienes alcanzados. Las normativas serian además un entramado de alta complejidad y acuerdos suscriptos entre los entes provinciales con seguras superposiciones”, afirmó.

“Se trata de una carga fiscal con fuertes distorsiones, pues se tributa finalmente por los inmuebles y bienes registrables, fija presunciones inaceptables y pretende alcanzar los bienes que se hallan en extraña jurisdicción, incluso en el exterior del país, por el mero hecho que el beneficiario resida en la provincia de Buenos Aires. Este poder cuestionable lo torna inconstitucional en varias de sus facetas”, aseguró.

“La falta de equidad actual en las cargas fiscales es manifiesta, y en nada mejoraría al imponer un impuesto de esta naturaleza sin corregir cuestiones esenciales de nuestra estructura tributaria. Además, el no contemplar la edad del beneficiario, su patrimonio inicial, ni su edad y estado de salud, tornan en muchas ocasiones absolutamente injusto el tributo”, concluyó Sáenz Valiente.

Fuente: Iprofesional

Fuente: La Economía

Si yo tuviera un palo verde, largo todo y me dedico a la buena vida”. Quien más, quien menos, ha escuchado o dicho esta frase más de una vez a lo largo de los años.

Es que para la imaginería popular, convertirse en millonario y disfrutar de la vida en una playa paradisíaca del Caribe es una aspiración con mucho de fantasía, aunque en la realidad son pocas las personas pueden concretarla.

Es más, la mayoría de quienes logran concretar su sueño tienen suficientes motivos para no estar tan tranquilos, entre otros por los siguientes factores: un “palo verde” de hoy no vale lo mismo que hace algunos años, ya que inflación mediante ha venido perdiendo capacidad de compra.

A ello se suma que en un mundo en el que lo que sobra son dólares, los rendimientos que se pueden obtener para tratar de incrementar el capital son extremadamente bajos, por lo que sería necesario incursionar en algún tipo de inversión que involucre un determinado riesgo.

Finalmente, y no menos importante que lo anterior, es que quien alcanzó su primer millón, seguramente hará todo lo posible para tratar de afianzar su situación, por lo que tratará de ir por el segundo.

Entonces, salvo que se decida gastar esa fortuna dejando de lado toda especulación financiera, quienes la consiguen deben dedicar buena parte de su tiempo para evitar que su capital se desvalorice con el correr del tiempo.

Es precisamente en este punto donde la cuestión parece complicarse, ya que los datos de inflación en EE.UU. son preocupantes, pues este año apunta a cerrar con un 5%, lo cual genera preocupación entre los analistas y operadores de los mercados financieros, ya que son muy pocas las opciones que surgen para evitar que se erosionen los montos invertidos.

Pocas alternativas frente a la inflación de EE.UU

Ante este escenario, en el que el mínimo de rendimiento para cubrirse de la inflación se ha venido elevando en forma sistemática la gran pregunta del “millón de dólares” es precisamente ¿en qué invertir para no perder capacidad financiera?

Obviamente la respuesta dependerá de los riesgos que se quieran asumir. Sobre este punto, el analista Agustín Cramo sostiene que “la inflación anual proyectada para EE.UU. rondaría el 4,6%”.

“Con semejante porcentaje es necesario redoblar los esfuerzos para detectar aquellas opciones de inversión que permitan mantener el capital en términos reales”, agrega el analista.

Es por eso que invertir en los bonos soberanos de EE.UU. y Alemania pierde todo el atractivo que tuvieron hasta no hace mucho tiempo.

A manera de ejemplo, un bono del Tesoro de los EE.UU. de 10 años (T-Bond) paga apenas el 1,56%, pero si se considera su par alemán, la cuestión es mucho peor, ya que la tasa es 0 por ciento.

Tampoco es muy tentador colocar ese monto en un Certificado de Depósito en un banco de EE.UU., pues las tasas de interés que se paga ronda el 0,5% anual, por lo que apenas rinde unos u$s5.000 al año por tener el dinero inmovilizado.

Hay que diversificar mucho y tomar riesgos

Una opción para hacer frente a este desafío podría pasar por el armado de un mix compuesto por una parte con T-Bonds y por la otra con un conjunto de acciones de primerísima línea tanto de Wall Street como de algunas bolsas europeas, aunque con revisiones periódicas de la cartera.

Una opción interesante que se le presenta a un inversor de corte conservador podría ser entrar en un fondo de inversión compuesto por acciones de buena calidad y que también tenga la posibilidad según su reglamento de quedarse en efectivo si la cosa viene mal o invertir en bonos conservadores la porción de efectivo autorizada.

Para Gabriel Holand, CEO de HRGloblal, lo recomendable sería “Conservar la mayor parte del capital relativamente líquida, a la espera de lo que suceda con el nuevo virus y ver la forma que puede pegar en la actividad económica global”.

“En tal sentido, buscaría fondos armados con acciones y bonos del Tesoro americano que por condiciones de emisión permitan pasarse a “cash” en caso de que el mercado indique que convenga y que puedan comprar futuros para bancar determinadas volatilidades”, agrega el experto.

“Es por ello que la cartera podría conformarse con acciones tecnológicas de calidad, laboratorios y “healthcare”, apuntó Holand, al tiempo que advirtió que la fortaleza del dólar debilita las commodities y las monedas domésticas, por lo que los bonos emergentes podrían verse afectados”.

Los expertos de Puente, en tanto, consideran que “La deuda privada continúa atrayendo capitales dados sus retornos diferenciales y la flexibilidad sectorial, de riesgo y de plazos que brindan los vehículos que la agrupan”

Y agregan que “A nivel sectorial se ven favorecidos en el mediano y largo plazo los sectores de innovación ya sean tecnológicos, de procesos, legales o gerenciales. En todo caso es importante enfocarse en los fundamentales de los proyectos fuera del ruido generado por distorsiones recientes”.

Por su parte, Mariano Sardáns, CEO de FDI considera que “La cartera depende de que más se tiene, donde está invertida y cuales son los flujos y cuando se necesita el dinero”.

“Si no la necesita lo ideal sería invertir en una cartera global, “all world total markets“, que incluya energía, finanzas, materias primas, inmuebles dentro y fuera de EE.UU.”, agrega el especialista.

Cabe aclarar esta cartera no se conforma exclusivamente con acciones que cotizan en Wall Street. Por el contrario, debería ser global, multimonedas y bien diversificada. De esta manera es posible que logre una rentabilidad que si bien parece menor, es muy superior a la que se puede obtener invirtiendo en bonos.

En opinión de Sardáns, “si la estructura de esta cartera fuera un 33% de acciones y el resto en T-Bills, aportaría un rendimiento promedio del 3% anual”, pero si la postura fuera menos conservadora y se invierten las proporciones, el rendimiento aumentaría de la mano de un mayor riesgo”.

Hablando en plata, con esta cartera se estaría en condiciones de disponer en forma anual unos u$s30.000 anuales o u$s2.500 mensuales.

Pero no solo se deben analizar los rendimientos esperados, ya que hay otros factores a tener en cuenta, como por ejemplo todo lo referido a las comisiones que se pagan o cuestiones de índole impositiva. Sobre este punto, una cartera declarada en el exterior paga 2,25% de bienes personales y seguramente volverá a pagar el impuesto a la riqueza.

Otro aspecto a considerar es la forma de mover ese capital, o dicho de otra manera como traerlo al país. Si está declarado, lo habitual es ingresarlo mediante contado con liquidación, pero si no lo está, pueden surgir problemas con la sociedad de bolsa interviniente o con el banco en el que se tiene la cuenta, que pueden terminar en la generación de un ROS.

Finalmente, otro punto que no siempre se tiene en cuenta es el impacto del impuesto a la herencia, tanto en EE.UU. o en Europa, pues la tasa que se aplica llega al 43% y el mínimo no imponible es del orden de los 60.000 dólares. “Este es un punto al que por lo general no se le da importancia, pero hay que tenerlo presente, tanto por los montos en juego como por lo engorroso que suelen ser los trámites”, concluye Sardans.

Conclusión: u$s1 millón no es sinónimo de multiplicar el dinero

En definitiva, salvo que se elija la posibilidad de gastarse ese “palo verde”, tomando como filosofía de vida que “una herencia es un error de cálculo”, lo cual habilitaría la posibilidad de pisar las arenas caribeñas, es muy probable que lejos de pasarla bien en una playa solitaria, lo más probable es que en la batalla contra la inflación, el dueño de ese dinero pase mucho tiempo viendo la forma de tratar de ganarle, solo o de la mano de un broker.

Creáse o no, así son los costos de tener un millón de dólares.

Fuente: Iprofesional