Fecha: 03 de febrero, 2020
EL LISTADO LO HIZO MARIANO SARDÁNS, CEO DE LA GERENCIADORA DE PATRIMONIOS FDI, Y RÁPIDAMENTE CONSIGUIÓ UNA GRAN REPERCUSIÓN EN LAS REDES. ¿DE QUÉ SE TRATA?
A casi nadie le gusta pagar impuestos. En muchos casos por los excesivos montos y en muchos otros por considerarlos un despropósito.
Lo cierto es que para todas esas personas enemigas de los impuestos, Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, elaboró una guía para evitar pagar tributos “de más”.
En su cuenta personal de Twitter (@marianosardans), el ejecutivo recopiló una serie de “reglas de oro para no pagar impuestos de más” que, según el autor, aplican “sin importar en qué país vivas, ni donde estén localizadas tus inversiones o empresas.
En primer lugar, Sardans recordó que “nadie puede prohibir elegir el camino más barato desde el punto de vista fiscal”. “El único requisito innegociable es hacerlo dentro de las normativas vigentes”, destacó.

Además, enfatizó que “el primer paso para lograr una óptima planificación fiscal, es hacerte asesorar por un tributarista de tu país de residencia”
En tercer lugar, subrayó que “será mucho mejor si el profesional elegido es también un experto en planificación fiscal internacional“.

Para Sardans, “la planificación fiscal entrega un mapa y un diseño, que orientarán las decisiones futuras hacia la mejor combinación de instrumentos, países y/o estructuras para minimizar la carga tributaria total de todo tu patrimonio”.

El ejecutivo explicó que “a partir de dicho plan se analiza la viabilidad de instrumentarlo (contemplando costos, personal capacitado, clientes, proveedores, acceso a insumos y/o otros factores)“.

En punto seis de la lista, el CEO resaltó que una vez definido “qué es lo concretamente implementable, el secreto es buscar los mejores proveedores de vehículos legales (sociedades, fideicomisos, fundaciones, etc.) y servicios en los diversos países (instituciones financieras, estructuradores, contadores, auditores, escribanos, etc.).
“Acá la clave está en elegir la mejor oferta, en la combinación de los tres factores relevantes: conocimiento técnico, tiempo de entrega/respuesta y precio”, subrayó.

A continuación, la séptima regla destacó que es imprescindible “no dejar de volver de forma continua al punto 2, ya que “lo único constante en el mundo, es el cambio (de normativas y/o restricciones)”. “Invertir en el mejor tributarista que puedas pagar es una de las mejores inversiones que podés hacer”, resaltó.

Por último, enfatizó que “maximizar y eficientizar tu patrimonio depende exclusivamente del “deseo de hacerlo”. “El resto es consecuencia de contar con un excelente equipo de profesionales que te ayude a alcanzar el objetivo”, completó.

El hilo de Sardans surgió de una columna posteada en el sitio oficial de FDI gerenciadora de patrimonios.
Fecha: 01 de febrero, 2020
La suspensión momentánea del régimen de promoción de economía del conocimiento, anunciada hace unos días por el Gobierno, agravó una situación de inestabilidad en las empresas exportadoras de servicios y pone en riesgo el ingreso de US$6000 millones que estas firmas generan anualmente. Aunque la preocupación de los empresarios no es nueva: desde el año pasado -específicamente tras la aplicación del cepo y la obligación de liquidar las divisas provenientes de las exportaciones- a los tributaristas les queman los celulares y las casillas de mail con consultas de emprendedores argentinos del sector que buscan de alguna manera no liquidar sus servicios a $60.
“Cada vez nos consultan a mayor velocidad. Ya nadie espera nada bueno. Es como un ‘sálvese quien pueda’ entre los empresarios exportadores de servicios”, dijo Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, quien nombró a la solución que suele dar como “planificación tributaria sofisticada”, también conocida como elusión fiscal: pagar la menor cantidad de impuestos mediante vías legales.
La respuesta a esas consultas generalmente son nombres de países. Si bien entre los destinos mencionados están Chile, Estados Unidos y Paraguay, el lugar más encumbrado hasta el momento es Uruguay. “Después de las PASO tuvimos muchas consultas y desde el anuncio de la suspensión del régimen de economía del conocimiento crecieron todavía más. Desde noviembre hasta acá fueron 350 consultas de argentinos”, dijo Francisco Ravecca, cofundador y director ejecutivo de Aguada Park, que, junto con World Trade Center, es una de las dos zonas francas uruguayas para empresas de servicios en Montevideo. Allí, el 60% de los que alquilan espacios son argentinos, entre los que están Mercado Libre y Globant.
Distintas fuentes del sector destacaron que los ofrecimientos de esas zonas atraen a compañías argentinas: además de exonerar a las firmas del total de impuestos nacionales existentes o a ser creados, permite que todos los bienes, sin importar su procedencia, estén exentos de impuestos y aranceles aduaneros, mientras que además promueven la exención de contribuciones a la seguridad social para expatriados y ofrecen la libertad de circulación de moneda extranjera.
Según los tributaristas consultados por LA NACION, en paralelo, algunos dueños de compañías -en línea con el momento del sector y con la suba de impuestos a los bienes personales- ya están mudándose a Uruguay para residir fiscalmente en ese país, donde adicionalmente los reciben unas vacaciones fiscales (en inglés, tax holiday) que les permiten no tributar el impuesto sobre la renta de las personas físicas por las rentas mobiliarias generadas en el exterior. Por otra parte, Uruguay también permite que aquellos expatriados por empresas en zonas francas, además de no tributar sus cargas sociales, tengan un impuesto a la renta de las personas físicas disminuido, de 12%.
“No tenemos ningún cliente que quiera cerrar en la Argentina. Las consultas no vienen por el lado de mudar lo que ya está hecho, sino si conviene hacerlo en otro país ante perspectivas de crecimiento”, dijo Axel Verstraeten, socio del estudio Levene. Mientras tanto, Sardans agregó que las firmas argentinas buscan dejar estructuras en el país y armar subsidiarias en el exterior para exportar desde allí y no tener que liquidar todo en la Argentina. “No hay incentivo para traer los dólares”, afirmó, y añadió que además de la diferencia entre tipo de cambio oficial y el contado con liquidación -al que recompran dólares con los pesos obtenidos- se debe sumar el derecho de exportación del 5% introducido en diciembre por la nueva gestión, que reemplazó al derecho de hasta $4 por dólar que había instaurado el gobierno de Mauricio Macri en 2018.
Según Sardans, las empresas pueden comenzar a vender sus servicios desde una sede en otro país siempre y cuando en ese lugar también se genere parte del servicio o producto. “Debe ser un negocio genuino y no una empresa de papel”, expresó. Consecuentemente, un concepto que sobrevuela en conversaciones entre empresarios por estos días es el de precios de transferencia: aquellos que se pagan entre subsidiarias de una misma compañía por los servicios que una le ofrece a otra, antes de vender el servicio a un tercero.
Otro contador, que pidió mantener su identidad en reserva para referirse al tema, destacó que es común que compañías argentinas cierren sus contratos con clientes del exterior -en dólares- con una subsidiaria ubicada en otro país y que a la operación local se le giren los costos más una ganancia que en general ronda el 10% para cumplir con los requerimientos de AFIP. “Así, los precios de transferencia permiten reducir el margen de ganancia que es atribuido a la operación argentina”, agregó, y destacó que cuantas más áreas se trasladen al exterior, mayor margen de divisas puede quedar en el exterior. “En general, el área Comercial es la más importante”, detalló.
Al escasear el talento de IT -según Ravecca, la tasa de desempleo en ese sector es de 0% en Uruguay-, las compañías buscan por lo menos mudar sus equipos de Recursos Humanos y Finanzas. “Aquí se consigue mucha más gente en esas áreas. Uruguay, además, está teniendo una inmigración interesante de venezolanos y argentinos”, agregó el director de Aguada Park.
Sardans explicó que no necesariamente todas las empresas están armando nuevas operaciones en otros países (en Uruguay constituir una empresa cuesta aproximadamente US$5000; en Estados Unidos, unos US$2500), sino que muchas están utilizando las que dejaron abiertas después de 2015; mientras que otras, más cerca en el tiempo, nunca dejaron de buscar esa posibilidad. “A partir de ese entonces no hubo cepo, pero hubo una búsqueda de maximizar ganancias mediante planificación tributaria”, expresó Verstraeten.
En las zonas francas uruguayas, puntualmente, el mayor problema que encuentran las compañías (tanto las argentinas como las de otras latitudes) es la falta de mano de obra especializada, según Verstraeten. Es que, según la ley que rige ese programa, las empresas pueden contratar hasta un 25% de personal extranjero, que puede alcanzar el 50% si el negocio así lo requiere -previa autorización del organismo regulador-, mientras que el resto debe ser uruguayo. “Hay argentinos que están dispuestos a irse, pero cuesta mucho contratar locales”, dijo.
Desde Montevideo, Federico Muttoni, director de la consultora Advice Consulting, contó a LA NACION que “aparecen consultas puntuales por rubros de tecnología e ingeniería para emprendimientos en este país, donde se valora la experiencia de los profesionales argentinos, pero por ahora son señales tibias”. Y agregó: “A nivel de candidatos tampoco vemos una corrida hacia Uruguay”.
Por su parte, en Buenos Aires, Matías Ghidini, gerente general de GhidiniRodil, agregó que las “empresas están esperando a ver cómo decantan las medidas para tomar la decisión de comenzar a contratar gente en ambos países”.
Si bien es menos nombrado que Uruguay, Paraguay es otro de los destinos contemplados por las empresas. Allí se aplica una carga impositiva conocida como el “triple 10”: 10% de impuesto a la renta, 10% de IVA (no aplica a servicios) y 10% de impuesto a las personas físicas. “La diferencia con la Argentina es abismal”, dijo Sardans, quien agregó que además en esa plaza no se cobran impuestos sobre la renta generada fuera de ese país.
Más allá de las empresas, profesionales argentinos que trabajan para empresas del exterior miran de cerca a ese país, ya que brinda la residencia permanente a aquellos que, entre otro requisitos, pasen solo un día cada tres años (Uruguay, en contraposición, exige pasar más de 183 días al año), según explicó, desde Paraguay, Gloria Sosa de Giménez, que en su estudio ha notado el crecimiento de las consultas por parte de argentinos.
De todas formas, tributaristas locales advierten sobre la ilegalidad de que un profesional argentino deje de tributar a nivel local y lo empiece a hacer en Paraguay cuando su centro de intereses -familia o negocios-está en la Argentina, si bien es posible tener una doble residencia fiscal.
Más allá del cepo cambiario y la obligación de liquidar divisas a tipo de cambio oficial -las empresas pueden comprar dólares mediante el contado con liquidación; no así venderlos por ese medio-, la noticia que generó mayor incertidumbre en el sector de servicios fue la suspensión momentánea del régimen de promoción de economía del conocimiento, mientras la nueva administración trabaja en modificaciones que lo orientarían más a pymes. Si bien en principio se desconocía si los cambios iban a salir por resolución o por ley, el miércoles el Ejecutivo amplió el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso vía Boletín Oficial e incluyó una iniciativa para modificar el régimen de promoción de la ley de economía del conocimiento.
En Argencon -una de las asociaciones que nuclea a las empresas de servicios- estaban notificados desde mediados de diciembre, momento desde el cual están en contacto con funcionarios del Ministerio de Producción, según comentó el director ejecutivo de la entidad, Luis Galeazzi. “La suspensión fue una noticia que interrumpió una onda positiva en el sector. Muchas empresas internacionales habían presentado proyectos basados en este régimen a sus casas matrices. De alguna manera, ahora, es un parate”, dijo, y agregó: “Todo lo que nosotros no aprovechemos, todo espacio que dejemos, va para afuera”.
Hasta antes del cepo cambiario, destacó Verstraeten, para las compañías argentinas -especialmente las más chicas- era mejor quedarse en el país. “No les convenía pensar en abrir nada afuera, porque el régimen era la mejor opción”, dijo. Entre los beneficios primordiales, presentaba una alícuota especial de 15% del impuesto a las ganancias y una disminución de contribuciones patronales (detracción de $17.509 por cada trabajador en relación de dependencia).
Según fuentes del sector, ya varias empresas grandes detuvieron sus proyectos de inversión en el país, mientras los ejecutivos financieros pasan calor arreglando números. Compañías como Globant y Mercado Libre no comentaron a LA NACION sobre cambios en sus planes después del parate del régimen. Por estos días, Ravecca no solo recibe consultas de compañías argentinas para llegar a Aguada Park, sino también de multinacionales que analizan posar sus centros de servicios en zonas francas. “Son empresas grandes. Algunas, muy, muy, grandes”, agregó.
Con el 99% del primer edificio alquilado (22.000 m2), el empresario piensa que, en seis meses, el segundo (de 6000 m2), estrenado en noviembre, estará completo, antes de los tres años que aguardaba. Envalentonado, proyecta levantar una tercera torre de 22.000 m2. El costo por metro cuadrado, agregó, ronda los US$25, mientras que las oficinas de entre 15 y 25 m2 tienen un costo de US$1800.
Según Galeazzi, las firmas argentinas que ya habían sido aceptadas en el régimen están en una especie de “limbo” debido a que no tienen los beneficios del régimen anterior (el de software) y tampoco los del actual. “Nos dijeron que en el momento que se resuelva la suspensión se dará el beneficio retroactivo; pero va a tener un efecto financiero negativo, sobre todo en las firmas más chicas”, dijo el ejecutivo, quien agregó que, por el momento, está cerrada la convocatoria para que nuevas firmas se postulen.
Una de las razones de la suspensión del beneficio fue que la promulgación de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva modificó un cálculo que afectó al régimen, agregó Galeazzi. “Nos dijeron que veían problemas de administración en el régimen y querían tomarse un tiempo para hacer una modificación”, explicó. Desde Argencon expresaron que tienen confianza en la palabra del Gobierno, que afirmó que el tema sería tratado en sesiones extraordinarias para la modificación, ya que se trata de una ley aprobada por el Poder Legislativo.
Desde la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) comentaron a LA NACION que en 2019 el sector proyectó un plan 2030, a través del cual las exportaciones pasarían de los US$6000 millones actuales a US$20.000 millones, mientras que los empleos llegarían a los 400.000 después de haber pasado de 8000 en 2005 a 120.000 en el presente. “Hay que revisarlo”, dijeron, al dar cuenta de los cambios macroeconómicos y anuncios varios. Y, mientras el Gobierno afina el lápiz de un nuevo régimen de promoción, el sector privado también saca cuentas, al tiempo que mira de reojo el mapa.
Las ventajas que ofrece Uruguay
Beneficios fiscales
Los expatriados por empresas en zonas francas no tributan cargas sociales y tienen un impuesto a la renta de personas físicas más bajo.
Inmigración
Uruguay se está favoreciendo por la llegada de profesionales capacitados provenientes de Venezuela y también de la Argentina.
Fecha: 29 de enero, 2020
Al vender en los bancos se obtienen $58, mientras que para comprar hay que pagar casi $82. Para vender en la Bolsa, hay que esperar 5 días con bonos muy inestables en la mano.
Es una disyuntiva que se plantean varios ahorristas, sobre todo a esta altura del mes. A la hora de vender dólares cuando los pesos ya no pueden estirarse, ¿dónde conviene hacerlo? No fueron pocos los que antes y después de las PASO se lanzaron a una dolarización preventiva que hoy los obliga a ir desprendiéndose de a poco de ese “colchón” para obtener pesos y pagar sus gastos.
La situación deja a los ahorristas frente a tres escenarios: resignarse a la cotización del banco, venderlos en el mercado “blue” o atravesar estoicamente el “parking” del “dólar Bolsa”, que obliga a dejar el dinero invertido en bonos -muy inestables hoy- durante una semana.
Qué pasó hoy
Claro que para el que compró a $ 63 en un banco con los 200 dólares que permite el cepo, la ecuación claramente no cierra. Ahí, para obtener una cotización al menos algo mejor hay que tener en cuenta las apps bursátiles, donde algunas incluso no aplican spread (la diferencia de precio entre la punta vendedora y compradora) durante cierta franja horaria y la divisa puede conseguirse a $ 60,5.
Para los que acuden a una cueva, a sabiendas de que optan por un mercado negro para obtener mejor precio, pueden hacer lo que en la jerga se conoce como “puré” (comprar oficial y vender blue). Si se compró a $ 46, el rendimiento es de 63%.
Pero con un precio de $ 75, el dólar del mercado paralelo, renacido gracias al cepo hiper-restrictivo de Alberto Fernández que sólo habilita la compra de u$s 200 por mes y con un recargo del 30%, el blue de los arbolitos que hoy pululan de vuelta por calle Florida como en los viejos tiempos quedó más barato respecto a otros “dólares alternativos”.
“La mayor dolarización se dio en el blue. Las empresas incluso compraron dólares con el dinero que necesitaban para pagar sueldos. Y ahora el precio está pisado por los que necesitan vender para hacer frente a gastos”, explican en el mercado.
El “dólar Bolsa”, también conocido como “dólar MEP”, hoy cotiza casi a $ 82, equiparado con la divisa recargada con el impuesto, que también vale para las compras realizadas en el exterior (“dólar turista”). Esto es a un precio bastante más atractivo que el blue. Y cada vez más gente se familiarizó con esta operatoria en la que es posible dolarizarse vía la compra-venta inmediata de bonos con acceso a la cantidad de divisas que se desee. Pero la venta por este canal no es tan sencilla. Existe una traba: el “parking”.
Se estableció para combatir una pirueta especulativa llamada “rulo” que se popularizó en la época del cepo de los u$s 10.000 mensuales y que aprovechaba la brecha en torno al 10% entre el oficial y el “dólar Bolsa”. “Partías de pesos, lo girabas a tu cuenta comitente, venías MEP y volvías a pesos. Hacías toda la vuelta, por eso lo de rulo”, explican en una mesa. Para desincentivarla, se estableció la obligación, que sólo rige para personas físicas, de una pausa durante la que hay que dejar “estacionados” los bonos.
“Con el cepo de los u$s 200 ya no tiene ningún sentido. Te obliga a comprar con dólares los bonos y mantenerlos en cartera hasta el sexto día hábil y recién ahí lo podés vender. Eso crea una incertidumbre muy grande con la volatilidad que van a tener los bonos de acá a marzo”, comenta José Banco, el gerente de asesoramiento financiero de InvertirOnline.
“Según lo que pase, podés obtener un tipo de cambio muy malo o mucho mejor. Hasta 15% de diferencia. Genera un gran riesgo operativo. En cambio, cuando comprás, todo se hace en el mismo día y sabés exactamente cuál es el tipo de cambio”, agrega Bano, quien comparte que si bien ahora las cotizaciones se igualaron y el volumen se está calmando, cuando había una diferencia apreciable entre el dólar oficial y el “dólar turista”, los montos operadores llegaron a multiplicarse por veinte.
Nery Persichini, Head of Strategy de GMA Capital, coincide: “Es una restricción que ya no tiene sentido con este cepo tan duro. Hay un riesgo precio muy grande. Comprás el título a un precio pero no sabés a cuánto va a estar cuando lo puedas vender”.
Persichini también resalta que es necesario que los dólares no sean producto de operaciones de cambio en los últimos cinco días e insiste en que se podría “crear un incentivo para la descarga de dólares legales en la Bolsa y lograr así que la brecha se descomprimiera”.
En ese sentido, Fernando Díaz, socio de FDI, aseguró que “la regulación genera oferta adicional para el paralelo. Estás llevando plata blanca al mercado negro. Capaz me pierdo $ 5 o $ 6 pero si mirás los bonos podés perder más de eso”.
Lo cierto, cuentan en la plaza, es que en los casos de grandes montos hay una práctica instalada para gambetear el parking: se acuerda con el cliente una tasa de interés o descuento y le garantizan un precio conocido dentro de cinco días.
Fecha: 27 de enero, 2020
Ante el nuevo canje que habrá hoy de Letras de Capitalización ajustadas por tasa Badlar (Lebad), el titular de la Gerenciadora FDI, Mariano Sardáns, aseguró que los bonistas no tendrán más remedio que aceptar el ofrecimiento oficial.
¿Cómo resultará el nuevo canje de Lebad de hoy?
El Gobierno juega con todo a favor, ya que los inversores no tienen otra alternativa que canjear pese a la quita que la operación representa: de entre 10% o 12%, según la Letra. Entre los bonos, los de peor protección jurídica son las Letras y en segundo lugar los de jurisdicción argentina. Con las primeras el Gobierno ya está haciendo lo que quiete, inclusive reperfilándolas y sin siquiera devengamiento de intereses. Y con los bonos jurisdicción argentina, será imposible para el oficialismo cumplir lo que dice de “darle igual tratamiento a todos” porque hay restricciones presupuestarias.
¿Habrá bonos que quedarán menos expuestos a los anuncios oficiales?
Muy probablemente los que tienen jurisdicción en Nueva York no los puedan tocar por sus condiciones. Con la Justicia local el Gobierno puede hacer lo que quiera, pero afuera la situación no es igual. Entonces, lo que no van a poder ajustar con los bonistas de afuera lo van a tener que hacer acá, y por restricción presupuestaria van a estar más complicados los tenedores de Letras y los bonos con jurisdicción argentina.
¿Qué actitud tomarán los inversores con la propuesta de la provincia?
Se van a mantener firmes porque la provincia tiene total capacidad de pago, inclusive su Presupuesto da autorización para endeudarse en $ 80.000 millones y el resto en dólares. Perfectamente la gobernación podría usar eso, más allá de otros instrumentos para conseguir los dólares. Es un tema entonces de falta de voluntad de pago. Por eso, el bonista de afuera está enojado y va a rechazar cualquier propuesta, mientras que el local ya está resignado.
¿Entonces, en todos los casos, la principal resistencia vendrá de los bonistas de afuera?
Con el bonista de afuera el Gobierno no podrá hacer mucho porque si Argentina entra en default se acaban un montón de cosas, nos convertiremos en parias y las consecuencias serán mucho peores que la última vez. Por ejemplo, se acabarán la prefinanciaciones de importaciones y exportaciones y el seguro de crédito para operaciones comerciales. Entrando en esta situación de “Estado paria”, se destroza la economía y Argentina ya no tiene esa chance.
¿No hay alguna chance de negociar con esos bonistas externos?
Argentina es el único país en el mundo que hoy tiene un problema de deuda, en un mundo hiperlíquido donde no hay problemas inclusive en lo corporativo. Lo que hoy sobran son estudios de abogados con ganas de litigar y cada vez más barato, y en un mundo hiperlíquido lo que les sobra a los tenedores de bonos es tiempo. Por ejemplo, de nuestros casi 1.000 clientes ninguno tiene necesidades de liquidez, inclusive ni se gastan los intereses de los cupones cobrados.
Fecha: 23 de enero, 2020
Desde sus inicios, Sardáns se propuso crear un modelo de servicio con una mirada 360, esto es que además de brindar soluciones financieras y cambiarías, resuelva toda la parte impositiva, legal, sucesoria y hereditaria de las personas, inversores institucionales y empresas. “Este tipo de propuesta “autosuficiente” es muy común en EEUU y el 80% de los inversores la eligen porque saben que, como no cobran comisiones de parte terceros (contadores, abogados, escribanos), no hay conflictos de intereses. Esto es lo que nos diferencia de un asesor de banco o agente de bolsa. A nosotros sólo nos paga el cliente, por eso trabajamos con fuerza para que a él le vaya bien. Por el contrario, quienes representan a una entidad bancaria, trabajan a comisión y con objetivos de venta semanales, mensuales y hasta anuales que tienen que cumplir porque si no los echan. Lo que termina ocurriendo en estos casos es que estos empleados le venden a sus clientes el servicio que más le conviene a ellos y no lo que realmente es ideal para ese inversor que va en busca de su ayuda”, aclara el CEO.
Para llevar adelante este desafío, capacitó a todo su personal en estos temas. “Nuestra empresa funciona como una escuela de negocios en este sentido. De este modo, nuestros colaboradores aprenden a negociar en bloque con las distintas entidades bancarias o sociedades de bolsa para que se beneficie desde el cliente más chico al más grande, a pulverizar todos los gastos extras que éstas cobran, a buscar las instituciones más baratas, seguras y rentables, a armar informes tributarios para evitar que un contador realice los cálculos de impuestos a las ganancias, la renta financiera o los bienes personales y hasta saben comprar dólares al menor tipo de cambio y venderlos a otro mayor logrando que el cliente pague los impuestos mínimos y necesarios sin por eso estar en negro”, detalla Sardáns.
Otro dogma de la compañía es que cada cliente es distinto, por lo que gestionan y administran cartera por cartera. Hoy posee 700 de ellos repartidos entre Argentina, EE.UU. México, Brasil, Uruguay y España, a los que atiende uno por uno. En cuanto al valor del servicio, Sardáns cuenta que cobra el 1% anual sobre el monto de la cartera del cliente, y un mínimo de 500 dólares por trimestre. Cuando la cartera supera el millón de dólares, la alícuota es menor. “Esto nos obliga a esforzarnos para brindar lo mejor al cliente para poder cobrar después ese porcentaje”, dice el número uno, quien reconoce que el mejor marketing de FDI es estar inscripta en la Comisión de Valores de EE.UU, por lo que ante cualquier estafa o cobro de comisiones pueden perder la matrícula y quedan imposibilitados para operar. “Otro modo de ganar su confianza es que todos los activos o la plata del cliente están a su nombre, nada al nuestro”, acota.
Actualmente, entre los objetivos de crecimiento que tiene para su empresa, sobresale el de conquistar más clientes extranjeros y argentinos expatriados en el mundo. En tanto, como empresario miembro de Vistage (Organización de coaching ejecutivo para CEO´ s y dueños de empresas), además de dar charlas sobre asesoría financiera en distintas compañías, Sardáns tiene pensado dar clases sobre finanzas en los colegios más humildes de la ciudad con el objetivo de sacar a los pobres de la pobreza y enseñarles a ahorrar. “Estoy convencido de la importancia de la educación en finanzas. Hoy ellos son los más endeudados, y el ahorro es la base de la riqueza”, concluye.
En nuestro artículo de hace dos semanas, SE FORMA UN NUEVO GIGANTE: se reconfigura el mundo financiero, comentábamos sobre la compra de TD Ameritrade por parte de Charles Schwab, tercero y primer discount brokers más grandes del mundo, respectivamente.
Fue una jugada maestra que se complementó con el anuncio que había realizado Charles Schwab de no cobrar más comisiones por la compra y venta de acciones y otros títulos. Esto ha cambiado las reglas de juego de la industria de servicios financieros –hablamos de que los inversores ya no pagarán más comisiones–, produciendo un sacudón fuerte en sus competidores directos.
La fusión de ambas compañías conforma un gigante que suma más de 24 millones de cuentas de clientes y activos en custodia por más de cinco billones (trillones en inglés) de dólares. Esto representa el 11% de los activos financieros de los inversores minoristas (retail) de los EE.UU. y ambas instituciones concentran el 50% de los activos que administran los asesores financieros en los EEUU. Leíste bien: el 50%.
Y acá viene una reflexión.
En los EE.UU., existe una clara diferencia entre lo que significa un asesor financiero (investment advisor) y un broker. El broker es quien maneja las cuentas de sus clientes vía un banco (Bank of America, Citibank, JP Morgan, etc.) o una sociedad de bolsa (Pershing, Wells Fargo, Morgan Stanley, etc.). Actúa como un vendedor de productos y servicios financieros, siendo compensado con una porción de las ganancias que le genera a la entidad financiera para la cual trabaja o representa. Cuánto más ganancia le genera a la entidad financiera, vía costos, comisiones y spreads que le cobran al inversor, mayores ingresos percibe el vendedor.
El rol del asesor financiero está en las antípodas de ese modelo de negocios. Todos sus ingresos se originan exclusivamente en los honorarios que pacta con sus clientes, como hacemos en FDI.
Dado que lo remunera su cliente, su énfasis y foco es sugerirle, recomendarle y gerenciarle sus activos de la forma que cree más conveniente y menos costosa para éste. Por eso, todos los asesores financieros en EE.UU. gerencian los activos financieros de sus clientes en discount-brokers, como hacemos en FDI desde siempre.
¿Por qué? Porque son instituciones financieras con los mismos servicios y tan seguras como las tradicionales, pero mucho más baratas. En un mundo que tiende a la tasa negativa, “erradicar” los costos y comisiones es fundamental para obtener rentabilidad.
¿Y cómo logran ser más baratas que los bancos y brokers tradicionales? Porque se apalancan en tecnología, en negocios relacionados y porque no tienen asesores o vendedores a quienes compensar. Tampoco pagan comisiones a los asesores financieros que manejan en éstos las cuentas de los clientes. Es decir:
El resultado de este sistema es un circuito virtuoso donde los clientes reciben asesoramiento objetivo, tienen enfrente un asesor con intereses alineados con los suyos, libres de conflictos de interés, al que le pagan honorarios que se compensan con las reducciones de costos.
En definitiva, un modelo de negocios que es virtuoso para todas las partes, que si además consideramos el valor que agrega un asesoramiento de 360° que integra lo financiero, legal y tributario, lo hace inigualable.
Espero que sirva.
Lea sobre nuestro servicio de… GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
Mariano Sardáns
CEO de FDI
Gerenciadora de Patrimonios
Fecha: 20 de enero, 2020
Así lo destacó Juan Cruz Acosta Güemes, abogado patrimonial de SFI Servicios Fiduciarios, quien brindó detalles sobre las directivas médicas anticipadas:
¿Qué son?
Son instrucciones que tenemos el derecho dejar establecidas, sobre qué tratamientos médicos deseamos (o no deseamos) recibir, como así también el posible nombramiento de un interlocutor válido que se exprese por nosotros en cuestiones médicas cuando no estamos en condiciones de hacerlo.
Al ser un derecho, son netamente optativas. Pero son sin duda una herramienta muy recomendable y que todos deberíamos considerar.
¿Para qué sirven?
Sirven para comunicarle anticipadamente a los profesionales de la salud (y a nuestra familia) nuestros deseos médicos cuando ya no estamos en condiciones de hacerlo por nosotros mismos. Por ejemplo: antes de perder la lucidez mental, o cuando estamos inconscientes, en coma o moribundos.
¿Qué dice actualmente la ley?
La ley que originalmente contempló este derecho es de 2009 aunque fue reglamentada recién en 2012 con una modificación. Cuando entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial (2015) se contempló expresamente la figura pero no se derogó lo anterior. Por lo tanto, debemos interpretar las normas armónicamente aún cuando presentan contradicciones y lagunas.
¿Qué dice el Código? Resumidamente, permite tanto la emisión de las directivas médicas anticipadas como la designación una o más personas para: (i) dar consentimiento en su nombre para los actos médicos y/o (ii) ejercer la curatela. Esto último es -fundamentalmente- ocuparse de los asuntos legales y patrimoniales del interesado cuando el mismo se vuelve incapaz (por ejemplo, por senilidad).
¿Quién puede emitirlas?
Como regla general, debe tratarse de una persona mayor y capaz al momento de emitirlas. La ley contempla ciertas excepciones para los adolescentes y otros menores. Lo importante es que quede claramente establecida la madurez y capacidad mental de la persona al momento de impartirlas.
¿Para quién es obligatorio su contenido? ¿Qué pasa si no hay directivas?
Son obligatorias tanto para los profesionales de la salud como para los familiares (aún cuando unos u otros puedan disentir con la directiva) y demás terceros. Esto pone al paciente en el centro de la escena y la da un rol primordial y protagónico, inclusive por sobre su propio médico (salvo las limitaciones concretas que veremos más abajo).
Cuando no existen esas directivas, la decisión pasa a manos de la familia (o acompañante) y del médico, cada uno con su influencia y su rol. Darse cuenta de esto es fundamental para entender la importancia de hacer uso de este derecho que nos reconoce la ley.
Un ejemplo clásico es la decisión de dejar a un paciente conectado a sistemas externos de soporte vital (como un respirador artificial). ¿Cuál es el límite “justo y humano” de tiempo? ¿Qué pasa si el paciente es desconectado prematuramente y no se dio oportunidad a su salvación? ¿Qué hacer con una persona que lleva semanas, meses o años en esa situación y sin un panorama médico concreto?
¿Cómo se emiten?
Si seguimos estrictamente las regulaciones anteriores al Código (pero aún vigentes), se habla de hacerlo ante escribano público o ante el juez, y se necesitan además dos testigos. El Código no incorpora ninguno de estos requerimientos.
Por tratarse de algo tan íntimo y personal, parece exagerado decir que las directivas no son válidas si no se hicieron ante escribano o en sede judicial. Hay mucha gente que pocas veces estuvo ante un escribano (y mucho menos ante un juez) y sería injusto no contemplar como válida una directiva expresa y clara que pudiera haberse impartido por otro medio (por ejemplo, ante el mismo personal médico en forma verbal posteriormente documentada en la historia clínica).
Lógicamente, quien tenga la posibilidad de emitirlas con todas las formalidades arriba explicadas, estará indudablemente en una posición “indiscutible” y por tanto es lo más recomendable.
La propia reglamentación tiene un modelo de consentimiento médico informado en el cual el paciente ya puede dejar establecidos su aceptación o rechazo a algún tratamiento, lo cual constituye en sí una directiva médica anticipada. Ese consentimiento se firma ante el médico y no requiere escribano ni juez.
¿Cómo se revocan?
La ley contempla expresamente que las directivas son revocables (obviamente por una persona que se encuentre lúcida y capaz al momento de comunicar esa revocación). Es difícil imaginar un supuesto en el que los médicos o los familiares quieran aferrarse a una directiva que un paciente luego intenta revocar. Debería tratarse de un supuesto en el que no quedaran dudas que la persona no está en sus cabales al momento de intentar la revocación.
No se contempla una formalidad expresa para revocar. Sin embargo, si la situación lo permite, se sugiere seguir igual método que el que se usó para expresarlas, y se aconseja que esa revocación quede claramente documentada en la historia clínica del paciente.
¿Hay límites que respetar en las directivas?
La ley ordena que se ignore toda directiva que pueda ser considerada como una instrucción eugenésica (ej.: “quiero que me maten”). Hay muchas áreas grises en las cuales se podrían interpretar como eugenésica (o no) una simple negativa a un tratamiento potencialmente salvador. Deberá primar el respeto por la voluntad del paciente y armonizarla con el denominado “orden público” que son las mínimas normas legales que una sociedad tiene por sagradas e inviolables.
El consejo es que, al emitir las directivas, no quede margen para que puedan ser interpretadas como eugenésicas. Por eso recomendamos redactarlas con un profesional idóneo.
¿Qué hay que tener en cuenta al emitirlas?
Son cuestiones que afectan la salud y la dignidad humanas y las relaciones familiares. Se incorporan además posibles aspectos religiosos y de conciencia.
Tiene también consecuencias patrimoniales. Por ejemplo: la familia perdería patrimonio inútilmente si se generan gastos por tratamientos que el paciente hubiera rechazado. A la inversa, un paciente puede tener como deseo que se hagan todos los gastos posibles para intentar su curación y eso podría ir contra el deseo de algún heredero que preferiría conservar ese patrimonio. Esta herramienta permite al interesado dejar previamente establecida la cuestión.
Deben estar redactadas en forma clara e integral. Quien ayude al interesado a redactar el documento, debe ser incisivo en sus preguntas. Su obligación será tratar temas y situaciones desagradables y acompañar a esa persona en un análisis profundo de sus creencias, convicciones, relaciones familiares y hasta de cuestiones patrimoniales.
Fecha: 13 de enero, 2020
1. Ayudar al cliente en la diversificación de su patrimonio. ¿Cuánto debe tener en inmuebles, de qué tipo y en qué lugar? ¿Cuánto en activos financieros, de qué clase, tipo, emisores, en qué país estarán custodiados y cómo será la composición de la cartera?
2. Tener muy claro el impacto impositivo de la posesión, flujos y rentabilidad de los activos del cliente. El foco debe estar en maximizar las ganancias después de impuestos. Este tema es fundamental y deben tenerse en cuenta las normas del país de residencia fiscal del cliente, como así también las de la jurisdicción de los activos. Entender de planificación fiscal internacional marca la diferencia, ya que permite muchas veces bajar radicalmente la carga tributaria.
3. Optimizar plenamente los aspectos cambiarios. El cliente debe poder disponer del dinero y en la divisa que necesita, vía el precio de compra más barato o el precio de venta más alto. Se puede perder o ganar mucho dinero según cómo se instrumenten estas operaciones.
4. Personalizar el asesoramiento con parámetros e información sobre cómo es la estructura familiar y patrimonial, los flujos de fondos proyectados (ingresos/egresos), posición tributaria, tolerancia a la volatilidad, y tener mecanismos para soportar emergencias e imprevistos.
5. Estar en la búsqueda constante de minimizar (cuando no se puedan eliminar) los costos financieros –spreads y comisiones–. No deja de sorprender cuánto dinero los clientes pierden alegremente en esos factores. En un mundo que tiende a la tasa negativa, es un punto clave que no puede soslayarse.
6. Asistir al cliente en la planificación hereditaria y sucesoria, con nociones testamentarias y fiduciarias.
7. Ayudar al cliente a proteger su patrimonio, tanto del ataque de terceros como de la futura incapacidad de manejar sus asuntos por cuestiones de vejez, enfermedad o falta de idoneidad. El asesor debe entender de fideicomisos y trusts.
En definitiva, el asesor debiese estar interiorizado de la realidad del cliente y tener la capacidad, el conocimiento y la experiencia para enfrentar estos desafíos.
Las preguntas que todo inversor debe hacerse hoy son dos:
Espero que sirva.
Estos son los desafíos que enfrenta un asesor patrimonial si lo que pretende es agregarle valor a sus clientes. No tienen un orden pre–establecido pero son todos muy importantes. Como inversor, es importante leerlos detenidamente para entender cuáles son las previsiones a considerar en este nuevo año.
Repasemos. El asesor patrimonial debe:
En definitiva, el asesor debiese estar interiorizado de la realidad del cliente y tener la capacidad, el conocimiento y la experiencia para enfrentar estos desafíos.
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Mariano Sardáns
CEO de FDI
Gerenciadora de Patrimonios
Fecha: 10 de enero, 2020
Lo cierto es que, después de las recientes medidas, tanto a nivel nacional como provincial, donde el objetivo explícito es que las franjas de mayores ingresos asuman el sacrificio de una mayor presión impositiva, son muchos los que están con temor por un deterioro de su patrimonio. Y es en ese contexto que la propuesta de Lacalle puede encontrar receptividad.
Por lo pronto, las primeras reacciones de los especialistas en el tema consultados por iProfesional apuntan a que el mandatario uruguayo actuó con buen sentido de la oportunidad y que, si bien el objetivo de que 100.000 argentinos crucen el charco puede parecer en principio algo ambicioso, hay viabilidad para que la propuesta uruguaya encuentre eco de este lado del río.
“Es genial lo de Uruguay, la propuesta tiene incentivos desde el punto de vista de la fiscalidad porque daría una ventaja para los primeros cinco años, y obviamente tiene impuestos más bajos, como uno a la renta financiera (RPF) de los individuos del 12%, exenciones por abonos uruguayos. Desde el punto de vista tributario es mucho más conveniente y creo que puede lograr bastante Lacalle Pou”, resume Mariano Sardáns, economista y CEO de FDI, una gerenciadora de patrimonios de varios empresarios argentinos, que también tiene presencia en Uruguay con oficinas y personal.
Incluso, a nivel personal también se puso a evaluar la posibilidad de cruzar hacia el vecino país. “En nuestro caso, teniendo ya presencia allí y clientes, me gusta la idea y puede ser una buena oportunidad el irse a vivir a Montevideo. Más teniendo operación allí. Sobre todo porque en el gobierno de Mujica había muchas trabas para obtener las residencias fiscales”, finaliza.
Por su parte, Esteban Domecq, economista jefe de la consultora Invecq, también opinó que la iniciativa es “viable”, y observa que se puede plasmar, “seguramente, por exenciones de bienes personales para quienes decidan radicarse en Uruguay”.
En tanto, Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina, apunta que ya la motivación a mudarse de país “se lo está dando la propia Argentina con la presión y aumentos impositivos, y si a esto Uruguay le suma alguna facilidad para hacer más sencillo su cambio de domicilio, es probable que algunas personas estén evaluando irse”.
Y no duda en calificar como “interesante” la propuesta, para un segmento compuesto por “muchos argentinos de alto poder adquisitivo, con cuentas en el exterior e inmuebles, mueven su residencia fiscal tienen como incentivo ‘salvarse’ de la suba de varios de los impuestos personales que se aprobaron a fin de año pasado, en el paquete de leyes que pasó por el Congreso”.
Otros más críticos argumentan que lo anunciado por Uruguay debe servir no como una salida de escape, sino para tomar conciencia de los problemas e inequidades que existen en el sistema tributario argentino y los desincentivos que hay para apostar por la inversión local y la producción.
En este marco, Vicente Lourenzo, contador Público y Secretario de Prensa y Asesor Tributario de la CAME, indica a iProfesional que lo propuesto por Lacalle es “oportunismo puro, ya que al aumentar localmente la presión fiscal para aquellos argentinos que tienen bienes en el exterior se hace muy atractivo lo anunciado por el Presidente uruguayo”.
¿Cuál es la salida entonces? Para Lourenzo, “lo que deberíamos hacer los argentinos es lo contrario de lo que se está haciendo, es decir, combatir los bolsones de evasión para que mas contribuyentes paguen cada vez menos y no al revés, donde cazar en el zoológico ya se volvió una costumbre nefasta”.
La propuesta de Lacalle Pou, planteada a poco menos de dos meses para asumir, planea flexibilizar regulaciones para atraer a empresarios argentinos y seducirlos para que lleven su dinero a ese país e incluso se radiquen allí.
“Uruguay por distintas razones tiene la posibilidad de convertirse en un lugar de llegada, no solo de vecinos del Mercosur, sino del mundo. Y nosotros ahí tenemos algunas cosas para hacer”, sostuvo el líder del Partido Nacional.
En declaraciones a la prensa durante un evento en un hotel de Punta del Este, el sucesor de Tabaré Vázquez anunció que pretende impulsar flexibilizaciones en la residencia legal de los inmigrantes, y también en el aspecto fiscal, para que puedan llevar sus capitales a tierras orientales.
Entre las flexibilizaciones que pretende implementar el próximo primer mandatario uruguayo se destaca la facilitación del otorgamiento de la residencia fiscal, que les permite a los extranjeros pasar a tributar directamente en Uruguay.
Dentro de las ventajas para obtener este beneficio se destaca que se les reducirían, a los interesados en cruzar de orilla, los montos que se exigen de patrimonio de bienes inmuebles o de inversiones.
Asimismo, barajó que aquellos que obtengan la residencia fiscal tengan la opción de no pagar IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas) por los rendimientos obtenidos en el exterior, informó al respecto el diario uruguayo El Observador.
También Lacalle Pou pretende favorecer a los proyectos que busquen fomentar la construcción en su país, a través de reducir algunos costos y “bajar” algunos decretos anteriores que limitan la liquidación de las ganancias a los inversores.
“Yo primero voy por la familia, después que estén las familias, van a poder traer la plata. Si tenemos seguridad pública, certezas a largo plazo, el país se va a convertir en un lugar de destino del cono sur y también del mundo”, analizó el jefe de Estado electo.
Analistas y economistas uruguayos consideraron que este tipo de medidas podrían incentivar aún más la mudanza al vecino país, tanto de personas como de empresas.
Ahora bien, qué es lo que puede hacer atractivo para los argentinos aventurarse a cruzar el Río de la Plata e instalarse en Uruguay. Una de las flexibilizaciones previstas es la reducción de los montos de patrimonio en bienes inmuebles o en inversiones que se exigen para la obtención de la residencia fiscal.
Otra cosa que hace atractivo el proyecto es que en Uruguay no se gravan las ganancias o los bienes que se generan o están fuera del país.
Por eso, en caso de que un ciudadano argentino consigue la residencia fiscal en Uruguay, para lo que efectivamente debe vivir allí, y tiene bienes en cualquier otro país, no debe tributar por ellos.
La propuesta del mandatario uruguayo contrasta con la situación tributaria argentina desde que se produjo el cambio de gobierno.
La nueva ley de Solidaridad impulsada por Alberto Fernández -sancionada en diciembre último- impuso cambios en el impuesto a los Bienes Personales para los contribuyentes argentinos.
A partir de la reglamentación de la normativa, por ejemplo, se impone una alícuota diferencial de 2,25% para los bienes que están fuera del país, lo que hizo que muchas personas con altos recursos económicos comiencen a evaluar la posibilidad de radicar su domicilio fuera de la Argentina. Y aquí es donde la propuesta uruguaya parece caer como anillo al dedo ya que, por ahora éste no es un trámite sencillo.
Al respecto, el tributarista César Litvin, CEO en Estudio Lisicki, Litvin & Asoc, explicó que “el aumento a los bienes personales de 2018 con respecto a 2019 aumento 12 veces en pesos si se toma el patrimonio que se tiene en el exterior”.
“Al acelerar los trámites para otorgar la residencia permanente, que hoy lleva varios meses, Uruguay facilita los cambios a los contribuyentes. Pero no alcanza con el cambio de residencia para darse de baja en la AFIP, hay que cumplir con otros requisitos, hay plazos de permanencia y se debe determinar dónde está el centro de intereses vitales, económicos y familiares del contribuyente”, explicó.
La situación de malestar ya estaba generando síntomas de radicación en Uruguay incluso antes de que el presidente Lacalle diera a conocer su propuesta. Por caso, el economista Roberto Cachanosky, advirtió que “muchísimos argentinos pidiendo la residencia en Uruguay”.
“Punta del Este tiene un colegio en que ya fueron anotados 161 chicos. Con Pou Lacalle (sic) se va a acelerar la residencia y la residencia fiscal”, indicó Cachanosky en su cuenta de la red social Twitter.
El impuesto patrimonial uruguayo –equivalente a los Bienes Personales- se comienza a tributar a partir de los u$s250.000, mientas que en la Argentina es a partir de los $2 millones (menos de u$s30.000).
Además, en Uruguay toman en cuenta activos y pasivos, mientras que en la Argentina no se contemplan las deudas (salvo para los casos de deudas hipotecarias por vivienda propia). “Los cálculos son una motivación para trasladar su vida a un país que los trate con más ‘cariño impositivo’. Hay muchas ganas de irse, pero son pocos los que realmente pueden hacerlo a la hora de cumplir los requisitos”, agregó.
En la Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene la posibilidad de determinar si el contribuyente efectivamente cambió su residencia o si su principal fuente de ingresos sigue estando en el país.
El contador especialista en impuestos Ezquiel Passarelli indicó que los empresarios que vayan pensando en una mudanza deben saber que “no es nada sencillo”.
“Por la Ley de Solidaridad se hicieron cambios impositivos, antes se tomaba el domicilio y ahora es la residencia, lo que implica pasar más 180 días fuera de la Argentina”, destacó Passarelli.
En ese sentido, el especialista indicó que la AFIP “puede determinar dónde está lo que se conoce como el ‘centro vital de intereses’”.
“Si cambiaste de residencia, te fuiste a Uruguay, pasás más de 180 días en el exterior pero tenés tu empresa en Argentina, tu familia está, tus chicos van al colegio acá, son indicios de que en realidad vivís en el país y la AFIP considera que estás tratando de evadir impuestos y pueden iniciar una demanda”, advirtió.